El recuento no puede ser más que aproximado, porque la parálisis de la emergencia sanitaria también ha ralentizado el cierre contable del último ejercicio, pero el superávit de los principales ayuntamientos asturianos en 2019 tiene tendencia a rondar los cincuenta millones de euros. Y eso contando solo a los dos más grandes, según los datos muy preliminares esbozados por las propias corporaciones. En la partida de los ahorros municipales, en la que el Ministerio de Hacienda ha puesto los ojos en su búsqueda de fondos con los que suturar la profunda herida económica del coronavirus, hubo 80,3 millones en la suma de todos los concejos asturianos en 2018, el último ejercicio computado de forma oficial. El remanente acumulado por los municipios de la región, 410 millones al cierre de 2018, podría rondar los 450 en un cálculo prudente de aproximación al final de 2019.
Ese dinero que guardan las "huchas" de los ayuntamientos, y del que se les impide disponer con libertad por las ataduras impuestas desde el Estado, ha recuperado su viejo protagonismo en estos días oscuros de pandemia. Hacienda ha vuelto la mirada hacia el superávit municipal -que se calcula en unos 5.000 millones en toda España- como posible remedio para los múltiples agujeros financieros que van a abrir en las arcas públicas las secuelas de la propagación del coronavirus. Trasladada a Asturias, la calculadora de las grandes corporaciones asturianas dice que el Ayuntamiento de Oviedo estima su superávit en algo más de veinte millones de euros, con setenta de remanente, que Gijón cree que puede llegar a rondar los treinta en el resultado del año pasado y que acumula 73. Avilés no tiene computada la cifra final, pero en 2018 generó 2,7 millones para inversiones y 1,4 para amortización anticipada de deuda municipal? Entre los de tamaño medio que sí han actualizado las cuentas de 2019, Castrillón añadió a su remanente 1,4 millones, Llanera sumó 150.000 y tiene en caja seis millones?
Por eso y porque algunos se sienten maniatados por la regla de gasto, que todavía limita mucho el uso del superávit municipal, en algunos ayuntamientos no ha sentado bien que el Ministerio busque el modo de disponer de estas cantidades para dar soluciones a la dimensión económica de las secuelas de la pandemia. En la reunión telemática que mantuvo el miércoles con los consejeros autonómicos de su área, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mencionó el recurso al superávit municipal entre sus previsiones para que los ayuntamientos "arrimen el hombro" en la salida de la crisis. Algunos alcaldes asturianos recordaron entonces su larga pelea con escaso resultado para que el Estado les permita gastar los ahorros de sus cuentas saneadas, añadieron la constatación de las múltiples necesidades de gasto que a ellos también les genera la crisis sanitaria y reaccionaron con un rechazo contundente. Como quiera que Montero solo esbozó una idea, y que falta información precisa sobre el mecanismo y los fondos a los que afectaría, la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez, remitió ayer una carta al máximo responsable de la Federación nacional emplazándole a que aclare, "mejor hoy que mañana", "el verdadero alcance de esta cuestión" que tiene a los alcaldes asturianos, asume la regidora de El Franco, "sorprendidos y desconcertados". Pérez reclama a Abel Caballero, presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, que realice "las gestiones oportunas" para "evitarnos a todos conjeturas y malos entendidos" sobre una medida de la que los municipios asturianos aún no tienen constancia oficial.
"Convendrás conmigo que en este tiempo de urgencias e incertidumbres al que nos enfrentamos", afirma la presidenta de la FACC en su mensaje, "lo que necesitamos son certezas y no distraer nuestros esfuerzos en otras disquisiciones, sobre todo si carecen de fundamento".
Alcaldes asturianos de todos los grandes partidos con responsabilidades de gobierno municipal reaccionaron con recelos o rechazos abiertos al conocer las pretensiones que baraja el Ministerio. Hubo incluso quien habló de "un ataque a la autonomía municipal" y llamó a la "insumisión" si se aplica la medida.
