La confirmación de que el Congreso de los Diputados recuperará las sesiones de control al Gobierno en mitad de la pandemia y el confinamiento ha estimulado al PP asturiano a redoblar la presión para reiniciar también la Junta. El resto de los grupos rechazó su iniciativa el pasado martes -el PSOE e IU votando en contra, todos los demás excepto Vox absteniéndose- y "no lo entiendo", dice la portavoz popular, Teresa Mallada, enseñando a sus antagonistas parlamentarios el ejemplo de sus compañeros de Madrid y el apoyo unánime de todos los grupos a la puesta en marcha de la Cámara Baja.
El PP anunció ayer que presentará ante la Mesa del parlamento asturiano una "solicitud de reconsideración", un recurso que da tiempo al resto del hemiciclo a pensárselo mejor, pero que además cubre un trámite parlamentario previo al inicio de un eventual procedimiento de reclamación judicial, toda vez que el PP confía en que "más pronto que tarde esto cambiará, porque tras la decisión tomada en Madrid no tiene sentido que aquí nos neguemos", pero mantiene por si acaso "todas las posibilidades abiertas".
Mallada explica su versión de la anomalía democrática que denuncia constatando que el estado de alarma "en ningún caso restringe la participación política de los ciudadanos a través de las instituciones. Incluso en las diferentes normas adoptadas a lo largo de esta crisis se habilitan formas para participar en la actividad parlamentaria", reseña, así que no ve motivo para considerar cubierta la función de control al Gobierno con las comparecencias periódicas telemáticas que varios consejeros están girando estos días para someterse a las preguntas de la oposición.
Los populares objetan que estas sesiones son "meramente informativas", que no bastan, y por eso piden que además se ponga a funcionar el registro de la Junta, para que además de acusar recibo de sus propuestas se tramiten y lleguen hasta el Gobierno. Porque hasta ahora, lamenta la diputada, "hemos tenido que enviar nuestras iniciativas de índole económica, sanitaria y educativa a los consejeros por correo electrónico, y no nos contestan". Ella propone una apertura del registro para tramitar asuntos relacionados con el COVID-19, "como está sucediendo ya en Cataluña", y además que se permita celebrar plenos con condiciones. Habla de sesiones presenciales cada quince días, con el número de diputados limitado, preguntas al Presidente, interpelaciones a consejeros y proposiciones no de ley sin enmiendas para que puedan ser votadas haciendo uso de la herramienta de voto telemático aprobada recientemente.
Cuentan con la aquiescencia de los servicios jurídicos de la Junta, que según Mallada avalan la inocuidad de la propuesta desde el punto de vista de la seguridad. "Nos dicen que sería suficiente con dos funcionarios" y además que este personal "no es un colectivo de riesgo". Queda dicho que la portavoz popular no entiende las reticencias del resto de la Junta, sobre todo teniendo en cuenta que tras la negativa inicial el Congreso ha aceptado con el asentimiento de todos los grupos celebrar sesiones de control al Gobierno. "Queremos ser una oposición proactiva que controle al Gobierno y consiga que nuestras propuestas sean valoradas por el Ejecutivo y votadas por todos los grupos parlamentarios", se justifica Mallada, que también lamenta que la comparecencia del lunes del presidente del Principado para someterse a las preguntas de los portavoces "se nos quiera vender como algo excepcional, cuando en Galicia viene haciéndose cada vez que hay una conferencia telemática de presidentes".
