La tan ansiada repoblación de los pueblos pasa por que los jóvenes vuelvan a vivir en ellos, y esto pasa a su vez por que tengan formas de ganarse la vida en los mismos. El cultivo de la tierra es una de ellas, pero aquí ya se plantea el primer problema: la dificultad para acceder a la misma. El caso de Asturias es especialmente llamativo en el contexto español.
El Principado tiene una orografía complicada, lo que reduce significativamente el terreno agrícola a valles y vegas y, por tanto, lo encarece: el precio es tres veces más alto que en el resto de España. Junto a otros condicionantes, esto deja a la juventud que quiere labrarse un futuro en el pueblo sin muchas opciones si su idea es dedicarse a plantar.
Pero la Unión Europea (UE) está decidida a poner fin a esto. Al menos intentarlo con medidas a largo plazo, por eso ha puesto a trabajar a los países miembros, ya que la Política Agraria Comunitaria (PAC) de 2021 a 2027 -que gestiona las subvenciones y establece los criterios de reparto- quiere volcarse con el relevo generacional en el campo e incentivarlo.
Para ello, en España 33 expertos de distintos ámbitos y regiones han elaborado un informe que determina la situación de las tierras de cultivo en el país, su potencial, pero también sus limitaciones.
El geógrafo y gerente del Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón, Juan Antonio Lázaro, forma parte del mismo en atención a la experiencia de la citada comarca (Pravia, Soto y Muros, además de la zona rural de Castrillón) en la promoción y desarrollo de la agricultura de la España cantábrica: el modelo de plantaciones de kiwi es todo un ejemplo.
"Lo complicado es buscar un marco estatal de referencia, por las diferencias de paisaje agrario y cultivos", señala Lázaro, quien destaca que el Principado es en el contexto español "un caso peculiar".
Y es que una hectárea en las vegas pravianas cuesta tres veces más que la media de España. "El desarrollo de la agricultura, fundamentalmente el cultivo del kiwi, está muy por encima de la media regional", apunta. Mientras que en el Principado solo un 2% del suelo agrario va para cultivos (la mayoría es forestal y pastizales), en el Bajo Nalón es más del triple. "Los efectos que tiene esta circunstancia se reflejan directamente en el precio de la hectárea de fondo de vega en el Bajo Nalón para el cultivo del kiwi, que con un precio de 33.000 euros triplica la media estatal, establecida en 10.209".
Y otro hándicap: para reunir un buen terreno, de unas 40 hectáreas, hay que adquirir más de 230 fincas "con los correspondientes gastos de registro y notaría, además de esfuerzo de gestión".
Con todo, Asturias también parte con ventaja a la hora de cumplir los deseos de Bruselas de facilitar el relevo generacional en el campo. Y es que cuenta con una gran superficie de terrenos comunales, de titularidad pública. Juan Antonio Lázaro pone de nuevo el ejemplo del concejo praviano, que tiene en su haber gran cantidad de tierras, y las figuras de las parroquias rurales lo mismo, "que generan una bolsa potencial enorme".
Con todo, los españoles siguen reacios a desprenderse de su finca, de su suelo, de su tierra? Solo el 0,25% cambia de titularidad al año, según los datos recabados por el grupo de expertos del Ministerio de Agricultura, si bien suben los arrendamientos. "Existen problemas a la hora de conectar demandantes y propietarios de la tierra, tanto para venta como alquiler, como resultado de una inercia histórica que ha evolucionado de manera desigual. Ese 0,25% de tierras que cambian anualmente de propietario o el hecho de que en Asturias de 2003 a 2016 casi se haya duplicado el arrendamiento en las explotaciones agrarias -pasó del 12% al 23,3%- son datos que invitan a la reflexión", añade el gerente del Bajo Nalón.
Los expertos españoles dan la receta al Ministerio para facilitar que los jóvenes puedan tener tierras de cultivo en el campo. Una de las principales es facilitar la gestión del suelo, haciendo más simple la legislación vigente para, por ejemplo, facilitar las concentraciones parcelarias. También es necesario "reducir y unificar la burocracia" que rodea los cambios en la titularidad o el arrendamiento, así como facilitar la reactivación de las tierras que no se usan. "Esto último pasa por incrementar las cargas fiscales, impuestos y tasas a las fincas que no se usen, y por contra reducirlos a las que están en uso", señala Juan Antonio Lázaro.
Además, otro pilar básico será "unificar las ayudas vinculadas al relevo generacional en las explotaciones agrarias", así como contar con un marco legal de protección para los cultivos. Y tener en cuenta también a los grupos de desarrollo rural para la gestión, muy apegados al terreno y conocedores de las singularidades del mismo.
