La tramitación de una nueva ley educativa en plena pandemia del coronavirus divide a los profesores asturianos. Unos no ven "razones de urgencia para colarla en estos momentos" y otros no entienden la polémica y consideran una prioridad, con o sin virus, derogar la LOMCE. El punto más caliente de la norma y que enfrenta estos días a ambos sectores es el supuesto cierre de los centros de educación especial. La plataforma "Inclusiva sí, especial también", formada por padres de niños con necesidades especiales, está en pie de guerra contra el Gobierno. Por su parte, Escuelas Católicas, la patronal que integra a los directores de colegios concertados, se muestra preocupada y ve "una evidente contradicción entre la eliminación de la educación especial, prevista en el proyecto de ley (de la Lomloe), y los desmentidos posteriores".
La disposición que tanto revuelo ha sembrado en España dice así: "El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (?) los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". La Ministra de Educación, Isabel Celaá, insistió esta semana que no van a cerrar los centros de educación especial y lamentó "profundamente que se juegue con los sentimientos y expectativas de un colectivo tan vulnerable". Sin embargo, sus declaraciones no han apaciguado las voces críticas.
La patronal Escuelas Católicas, que en Asturias preside Simón Cortina, director del colegio Corazón de María (Codema) de Gijón, sostiene que la tramitación de la Ley de Educación contribuye a "enturbiar la situación" y "crea confusión" en torno a los centros de educación especial. "Para que la sociedad sea inclusiva no es obligatorio que todos los niños asistan a aulas ordinarias. Trabajamos para que las personas con necesidades especiales derivadas de la discapacidad reciban una educación de calidad que les permita una inclusión real en la sociedad. Y consideramos que los centros específicos son en muchos casos los que mejor pueden conseguirlo", dicen.
En ello está de acuerdo CC OO, que apoya la "ley Celaá". "Lo que se hace en los centros de educación especial nunca se podrá hacer en los centros ordinarios", asegura su secretario general, Borja Llorente, que señala no obstante que se "ha sacado de contexto lo que pone la ley". Sobre la Lomloe, CC OO dice no entender el revuelo generado cuando esta norma "blinda" a la concertada. Es una ley, añade, "moderada, que corrige algunos desmanes de la ley del PP. Es más inclusiva, recupera la diversificación, elimina los itinerarios en 4º de la ESO, rescata la PAU frente a la EBAU y las pruebas específicas de algunas universidades...".
El sindicato mayoritario en la enseñanza pública en Asturias, ANPE, considera que "no hay razones de urgencia para colar (la "ley Celaá") en estos momentos aprovechando la excepcionalidad por el COVID-19. Se vulnera el derecho de la parte social a realizar propuestas o enmiendas a la redacción. La gestión partidista de un ley de educación que es de todos evidencia la nula capacidad para ponerse de acuerdo y llegar a un pacto de estado", argumenta el presidente, Gumersindo Rodríguez. Además, añade, "falta un capítulo dedicado a la inversión y a las condiciones de trabajo del profesorado, más ahora que se ha modificado sustancialmente la docencia con la formación a distancia".
La Organización de Trabajadores de la Enseñanza Concertada de Asturias (OTECAS) opina que la nueva ley educativa "nace predestinada al fracaso". "En su momento, el PSOE criticó, con razón, que la LOMCE carecía de consenso necesario. Ahora son ellos los que pretenden sacar adelante una norma de forma unilateral", critica su secretario general, José Manuel Cueto. Asimismo, cree que "no es el momento" y ven con "preocupación" la "eliminación de la demanda social, la desaparición de la asignatura espejo de Religión y el cierre de los centros de educación especial utilizando como disculpa la inclusión".
UGT, en cambio, ve prioritario derogar "las medidas más lesivas de la LOMCE, que se han puesto aún más en evidencia con esta crisis". "El proyecto de ley se conoce al menos desde febrero de 2019. La actividad parlamentaria continúa, algo en lo que han insistido mucho los partidos de la derecha. El proyecto, que esperamos se mejore en el trámite parlamentario, es un buen punto de partida para modernizar y mejorar nuestro sistema educativo", defiende su secretaria general, Maximina Fernández.
