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Admitida la denuncia por homicidio contra las gerentes del ERA y de una residencia

La demanda por la muerte por coronavirus de Gil Blanco, padre de la víctima del crimen de Vallobín, estima que faltaron medidas de prevención

Gil Blanco.

Gil Blanco.

El Juzgado de instrucción número 3 de Oviedo ha abierto diligencias previas en relación a la denuncia por homicidio imprudente presentada contra la gerente del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), Ana María Suárez Guerra, y la directora de la residencia Santa Teresa de Oviedo por la

Lo primero que hará la jueza será tomar declaración al hijo del anciano, Pablo Blanco, que es quien presenta la denuncia, asesorado por su letrado, Fernando Barutell. Además, la jueza ha ordenado recabar del HUCA la historia clínica del anciano fallecido y del forense judicial la fecha en la que el fallecido pudo contagiarse de coronavirus, periodo de incubación, diagnóstico, tratamiento y hospitalización, "con indicación, si ello fuere observado, de disfunción, retraso o mala praxis al respecto por parte de los responsables del centro geriátrico".

La magistrada ha ordenado además que se recabe de la Consejería de Bienestar y del ERA los protocolos y medidas de control y prevención del covid-19, así como los canales de comunicación con las residencias de ancianos, y en concreto la de Santa Teresa. En su auto, la magistrada también oficia a la Policía Judicial para que informes de las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus entre los residentes y los trabajadores del geriátrico Santa Teresa, el número de infectados y fallecidos, así como las instrucciones facilitadas a los ancianos y al personal de las medidas y protocolos de prevención. Una vez que la magistrada cuente con la información recabada procederá a decidir sobre la imputación de la dos denunciadas.

Homicidio o lesiones

La denuncia considera que se ha producido un delito de homicidio imprudente o, en su defecto, uno de lesiones graves. Se trata de la primera denuncia por negligencia por las muertes ocurridas en residencias del Principado que se hace pública. La denuncia se hace eco de una información de LA NUEVA ESPAÑA, publicada el 19 de marzo, que refleja la "indignación de los trabajadores de la residencia" ovetense por la ausencia de protocolos y de material de protección para evitar el contagio.

El comité de empresa de la residencia solicitó mascarillas desde el primer momento, pero solo recibieron instrucciones de utilizarlas en caso de sospecha de coronavirus. Ni se aisló a los ancianos en sus habitaciones, ni se les prohibió acceder a las zonas comunes de la residencia, como había recomendado el comité de empresa.

Gil Blanco falleció en días pasados en el Hospital Universitario Central de Asturias a consecuencia de una neumonía provocada por el virus. La denuncia considera que tanto la directora de la residencia como la gerente del ERA "desatendieron grave e imprudentemente las medidas básicas mínimas de protección para proteger del covid-19 a los ancianos y trabajadores, lo que a la postre, y como no podía ser de otra manera, ocasionó el contagio de varios residentes y la muerte de otros".

Añade la denuncia que "su inadmisible conducta es contraria al obligado deber de protección de los residentes (...) cuya flagrante desatención y grave negligencia ha ocasionado graves lesiones e incluso muertes de residentes". La denuncia pide la toma de declaración como investigadas de las dos denunciadas, y que se oficie a la Policía Judicial para que elabore un atestado en el que se aclare qué medidas de seguridad se adoptaron.

Los juristas han advertido que este tipo de denuncias se dispararán una vez que desaparezcan las limitaciones para presentar acciones ante los tribunales.

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