Eduardo Cuevas, armador del barco asturiano "Nueva Emperatriz" y presidente del colectivo regional de pescadores de cerco (Cercoastur), vendió esta semana cientos de kilos de bocarte de talla pequeña a 41 céntimos en la rula de Colindres (Cantabria); los armadores cántabros recibieron por ese mismo producto a razón de 70 céntimos por kilo, un 73 por ciento más que Cuevas. La razón de esa abismal diferencia de réditos de las capturas de una jornada (las de menos valor comercial) es que en Cantabria hay una organización de productores pesqueros (OPP) y en Asturias no. La OPP, una figura administrativa cuya constitución recomienda la Unión Europea y que goza de generosas ayudas comunitarias, garantiza a los pescadores de la comunidad autónoma donde está constituida un precio mínimo de retirada del pescado, un colchón de seguridad del que carece la flota asturiana.

"Es algo inconcebible y semejante carencia debe ser subsanada a la mayor brevedad. Por carecer de esa figura, jugamos en Regional Preferente cuando otros militan en Primera", afirma Cuevas poniendo un símil futbolístico. La prueba de lo que denuncia se mide en dinero contante y sonante: en plena temporada del bocarte, los barcos asturianos pierden de ingresar hasta un 70 por ciento cuando ponen a la venta los ejemplares que el mercado condena a ser pagados por debajo del precio de retirada. Y es que la existencia de precio de retirada garantizado es uno de los grandes beneficios de la OPP. Todo pescado cuyo precio se desplome y caiga por debajo de la cifra señalada al empezar la temporada (1,20 euros en el caso actual del bocarte de hasta 44 granos -piezas que entran por kilo- y 0,70 euros en el bocarte de entre 44 y 60 granos) es adjudicado inmediatamente a la OPP en ese precio prefijado. Los armadores asturianos no se pueden beneficiar de ese importe mínimo garantizado y se tienen que conformar con el que resulta de la subasta o, como ha ocurrido recientemente en la rula de Avilés con toneladas de pescadilla, negarse a venderlo -lógicamente, no cobrar- y donarlo al Banco de Alimentos.

Por definición, el destino del pescado entregado a las OPP no puede ser el consumo humano. En un primer momento, los productos se congelan y, posteriormente, una salida habitual es la elaboración de piensos. La maquinaria de las OPP funciona gracias al dinero que les inyecta la Unión Europea. Solo el año pasado, el Ministerio de Agricultura y Pesca repartió 7,55 millones de euros entre las OPP españolas. La idea de constituir una OPP en el Principado es defendida, entre otros, por el presidente de la Federación de Cofradías, Adolfo Méndez. La urgencia de esa gestión se ha puesto de relieve durante la crisis en la que ha sumido la epidemia de covid-19 al sector pesquero: Europa ha incrementado las subvenciones a las OPP a la vez que dejaba fuera de las mismas a las cofradías de pescadores, figura que vertebra nuestro mercado pesquero.