Los principales ayuntamientos asturianos reclaman "autonomía" para gestionar sus ahorros y rechazan que el Gobierno central les imponga a qué pueden y a qué no destinar el dinero. Los equipos de Gobierno de Oviedo, Gijón, Avilés y Siero manifestaron ayer su respaldo a la presión que sobre el Gobierno de Pedro Sánchez ejerce la Federación Española de Municipios de Provincias (FEMP) para desbloquear el superávit que las corporaciones locales llevan acumulando desde hace 8 años, unos 28.000 millones de euros, según los cálculos del Banco de España. Un superávit que hasta ahora los gobernantes municipales no han podido utilizar porque lo impide la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que aprobó en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero, dada la excepcionalidad del momento por la pandemia de coronavirus, los ayuntamientos demandan "flexibilizar" el uso del superávit.
"Parece bastante razonable que aquellos ayuntamientos que han ahorrado puedan ahora disponer del remanente de tesorería para ayudar en la recuperación económica, y también que puedan decidir el destino del dinero", señaló ayer el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, "Cepi". Manifestó su apoyo a la propuesta de que los ayuntamientos ganen protagonismo en la reconstrucción tras la crisis del coronavirus y a la propuesta de la FEMP, que Hacienda ya está estudiando y que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) juzga "razonable", siempre y cuando los municipios no vuelvan a incurrir hasta hace unos años en déficit, ni conviertan los desembolsos en gastos estructurales.
Los Ayuntamientos, debido a la férrea normativa aprobada por el Gobierno central durante la anterior crisis, han conseguido ahorrar más dinero del que adeudan. Son en concreto, según el Banco de España, 23.000 millones de deuda (la mayoría con el Estado) y 28.000 de ahorro, que de momento no pueden ser utilizados. La FEMP, ante una crisis sin precedentes en España desde la Guerra Civil, aspira a que se libere ese dinero -o al menos una parte- para la reconstrucción que ha de seguir a la pandemia.
El primer desahogo que tuvieron los ayuntamientos llegó en marzo de este año, cuando el Gobierno permitió que utilizaran parte del superávit de 2019. Pero ahora quieren más: gastar sus ahorros sin que compute para calcular los objetivos fiscales, en vez de mantener "congelado" ese dinero y no poder destinarlo a la recuperación económica. Eso para los concejos ahorradores, pues para los que siguen en números rojos lo que la FEMP reclama es un fondo adicional.
El edil de Economía de Oviedo, Javier Cuesta (PP), defiende la utilización de los remanentes para actuar contra la crisis generada por el covid-19, y, "específicamente", para impulsar "medidas relacionadas con la recuperación del empleo y la actividad económica y la acción social"; "inversión en infraestructuras que fomenten el desarrollo y el crecimiento", y "cubrir los déficits fiscales que vamos a sufrir." Cuesta no comparte la "visión paternalista del Gobierno" y exige "autonomía de gestión". Resaltó que "durante estos años, gracias a los ayuntamientos, España ha podido cumplir los objetivos de estabilidad, cuando el gobierno central y, sobre todo, las comunidades autónomas se han caracterizado por lo contrario".
Marina Pineda, concejala de Hacienda de Gijón (PSOE), cree que ahora es "más necesario que nunca" que el Ayuntamiento pueda dedicar los 25,5 millones de remanente a necesidades urgentes, como el área de servicios sociales, en la que ya se ha gastado todo lo que se había presupuestado para este año; a programas de reactivación de la economía local, como ayudas a autónomos y pequeños empresarios; y a la pérdida de ingresos que registran las empresas municipales.
La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteresín (PSOE) fue breve pero muy clara: "Todo lo que sea flexibilizar el uso del superávit nos parece bien. Pero lo que pedimos, además, es que no compute en el techo de gasto y que se flexibilice también la regla de gasto".
