Nueva Zelanda, Singapur, México, Malawi, Paraguay, Líbano... Son algunos de los países cuyos gobiernos o parlamentos han decidido bajarse el sueldo o no cobrar varias mensualidades en un guiño de solidaridad hacia sus conciudadanos, que están sufriendo aperturas a causa de la pandemia de coronavirus. En España, tanto en el Congreso como en la Junta General se han rechazado propuestas para bajar los sueldos de los altos cargos y diputados. La mayor parte de los partidos considera que este tipo de "gestos" debe partir de una" decisión personal" y no de una "imposición" parlamentaria.
El primer cargo público que se bajó el sueldo en España, un 10 por ciento, el 30 de marzo, fue el alcalde de Tinajo, en la isla canaria de Lanzarote, Jesús Machín (Coalición Canaria). Solo tres días después era el Gobierno de Galicia en pleno, del PP, el que se bajaba el sueldo un 30 por ciento, algo que también hicieron dirigentes de la oposición. A partir de ahí empezó el goteo de rebajas. El alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), por ejemplo, se rebajó el sueldo un 50 por ciento; el Gobierno municipal de Valencia, un 10 por ciento; el de Loja, en Granada, un 15 por ciento; los parlamentarios catalanes decidieron donar sus dietas de desplazamiento...
El asunto subió de tono el 3 de abril, cuando Unidas Podemos propuso en el Congreso rebajar el sueldo de los miembros del Gobierno y de los diputados a la mitad. La Mesa del Congreso, siguiendo el informe de los letrados, rechazó la propuesta y señaló que es una obligación pagar los sueldos estipulados, pero que también los diputados pueden renunciar individualmente a ellos. Unos días más tarde, Unidas Podemos aparte, únicamente lo había hecho el socialista Odón Elorza.
El asunto mostró la división existente en torno a este punto en el seno del Gobierno. Mientras que la ministra de Igualdad, Irene Montero, manifestaba hace unas semanas su apoyo a rebajar el sueldo de los políticos (los diputados de Unidas Podemos ya donan a diferentes proyectos una parte desde el inicio de la legislatura), la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificaba el miércoles como "populismo" la propuesta de bajar lo sueldos de los ministros o reducir los ministerios para afrontar la pandemia.
En Asturias fue la teniente de alcalde de Salas, Ana Pérez Feito (Foro), la primera en reaccionar ante la pandemia: el 2 de abril anunció que donaría a las arcas municipales el 50 por ciento de su sueldo. También en la Junta General fueron rechazadas las dos iniciativas de Podemos para una rebaja general de sueldos del 50 por ciento de los diputados, miembros del Gobierno y altos cargos durante el estado de alarma. El portavoz de la formación morada, Daniel Ripa resaltó ayer su convicción de que los políticos deberían ser "los primeros a la hora de los sacrificios y lo últimos a la hora de los beneficios". Pero ocurre a menudo lo contrario: "la crisis de 2008 demostró que mientras la sociedad se veía obligada a apretarse el cinturón, los políticos mantuvieron sus privilegios". Ripa, que juzga necesario un "pacto de austeridad" y estima que los políticos deben "dar ejemplo", resaltó que los diputados de Podemos Asturies aportan habitualmente buena parte de sus sueldos a diferentes proyectos, y en la actualidad al Sespa. El PSOE eludió realizar manifestaciones sobre este asunto.
La portavoz del PP, Teresa Mallada, considera que lo que toca ahora es "tomar medidas urgentes para reactivar nuestra economía para que ningún asturiano se quede atrás". Resaltó que los diputados ya renuncian a parte de su sueldo, el complemento por desplazamiento, desde el inicio de la crisis. "Y en lo que se refiere a mi Grupo, todos los diputados hemos venido donando al fondo para el covid-19 creado por el PP nacional ya desde el pasado 2 de abril", añadió.
Laura Pérez Macho, portavoz de Ciudadanos, indicó que de esta crisis se sale "trabajando aun más", "no cobrando menos". Cree "importante no caer en los mensajes de antipolítica de la ultraderecha y del populismo", que usan este debate "para arremeter contra la función democrática esencial que desempeñan los parlamentos y sus miembros". Es, a su juicio, "un debate tramposo" porque lo que persigue "no es mejorar el desempeño de la clase política, sino lanzar sombras de duda sobre su propia existencia. Algo que es profundamente antidemocrático", añadió.
"Los diputados y diputadas de Asturias y del resto del país tienen que hacer los mismos esfuerzos que los trabajadores públicos y que la población en su conjunto. Ni más ni menos", señaló IU, que considera que el "problema" que se suscita por el covid-19 "no tiene que ver con los salarios de los parlamentarios, sino con la necesidad de una vez por todas de iniciar la reforma fiscal para que se cumpla la Constitución y pague más quien más tiene". Criticó la "trampa de la derecha más ultra" de que sobran diputados y parlamentos porque, "en realidad, lo que les sobra es la democracia".
Adrián Pumares, secretario general y portavoz de Foro, resaltó su apoyo a eliminar "todos los gastos relacionados con el desplazamiento y la actividad presencial de los diputados", y a estudiar "qué costes relacionados con la representación política son susceptibles de ser ajustados a la hora de revisar las partidas presupuestarias para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social". Pero rechaza "medidas de cara a la galería y con demagogia". Añadió que "numerosos" cargos de Foro han hecho ya "donaciones y han colaborado de distintas formas".
Vox aboga por "eliminar gasto innecesario y no productivo" y recordó que esa formación ha presentado varias iniciativas parlamentarias, que no han sido apoyadas por la mayoría del arco parlamentario, para las subvenciones de los grupos políticos a la sanidad pública o reducir de 45 a 35 el número de diputados. Cree que con una dedicación del 50 por ciento como la de los parlamentarios de Vox en Asturias "se puede trabajar en este parlamento autonómico".
