Los aproximadamente 1.300 trabajadores de los geriátricos públicos en Asturias serán convocados a una huelga en cuanto finalice el estado de alarma si el Gobierno regional no modifica la resolución que a partir de hoy regulará las jornadas, vacaciones, permisos, licencias y excedencias de la plantilla de estas residencias en función de las necesidades del servicio para garantizar la cobertura presencial durante la pandemia.

Uno de los puntos más conflictivos de la resolución dictada por la gerencia de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) plantea, entre otras cuestiones, condicionar las vacaciones de verano a las necesidades del servicio y a la cobertura presencial de un mínimo del 40 por ciento en cada centro y por cada categoría profesional. Esta resolución "aniquila derechos disfrazándolo de necesidad social", aseguran los sindicatos CSIF, CCOO y SAE.

Fuentes de la Consejería de Derechos Sociales advirtieron de que "la prioridad del organismo, de su gerente, Ana Suárez y del conjunto de profesionales, sigue estando en la atención a las personas mayores que viven en los centros. Como siempre, desde el diálogo y la cercanía, Ana Suárez continuará centrada en la gestión de esa prioridad compartida en el ERA". Y añadieron que, "precisamente ahora, cuando se mantiene el riesgo cierto de rebrote y siendo conscientes como siempre de los derechos de la plantilla, es más que razonable plantear que de cada 10, sean 4 en lugar de 3, los profesionales que mantengan la asistencia".