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Cataluña ya exige parte del dinero de la UE y preludia otra guerra autonómica

La oposición teme que los pactos de Sánchez con los independentistas perjudiquen a Asturias en el reparto del fondo de reconstrucción

Cataluña ya exige parte del dinero de la UE y preludia otra guerra autonómica

El olor del dinero del fondo de reconstrucción europeo, el "plan Marshall" de 750.000 millones de euros que la UE ha puesto sobre la mesa de las economías castigadas por el covid-19, anuncia la salida de otra carrera entre autonomías. Los socios nacionalistas del PSOE en la última prórroga del estado de alarma, ERC y PNV, sacaron del Gobierno el compromiso de la intervención de las comunidades autónomas en la gestión de los más de 140.000 millones que corresponderían a España, pero queda pendiente el peliagudo asunto del reparto. Nada más conocerse los grandes números del fondo, ya se oyó al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, apremiar al Gobierno a "poner cifras".

Ya quiere saber cuánto le toca, antes incluso de que lo que aún es una propuesta de la Comisión pase el filtro preceptivo y complejo de la discusión entre los jefes de Estado y Gobierno de la Unión... La exigencia es el lanzamiento prematuro de una pugna con contendientes y reglas conocidos, una competencia por el reparto del dinero que amenaza con reinterpretar otras que la España autonómica tiene inacabadas: la eterna del nuevo modelo de financiación autonómica y la reciente del fondo de compensación por los daños de la pandemia que apadrina el Gobierno central.

El Principado pide de entrada prudencia hasta que la propuesta tenga una formulación concreta, pero sí aplaude que el plan de reconstrucción nutrido con ese fondo "sea diseñado con la participación activa de las comunidades autónomas". La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, reitera además la petición de que cualquier reparto tenga en cuenta las consabidas especificidades asturianas, el volumen de inversión en sanidad, el envejecimiento o la dispersión de la población rural, pero su oposición parlamentaria va más allá, desconfía de los acuerdos con los nacionalistas vascos y catalanes y teme que cuando llegue el momento del reparto se haga primar el criterio político y determinadas presiones territoriales muy bien conocidas.

"Asturias suele salir perdiendo cuando Sánchez pacta con nacionalistas e independentistas", empieza la portavoz del PP en la Junta, Teresa Mallada, que se propone estar "muy pendiente de que nuestra comunidad no salga perjudicada". A su juicio, "el reparto de fondos no puede hacerse sobre la base de criterios discriminatorios ni de pactos políticos. Si el Gobierno asturiano no se posiciona y el central cede a las presiones de sus socios nacionalistas, nos quedaremos sin fondos".

La sospecha de Ciudadanos parte de su rechazo a "los acuerdos bilaterales que supongan la concesión de privilegios a unos territorios sobre otros". La portavoz naranja, Laura Pérez Macho, requiere del Gobierno de España "transparencia, solidaridad y justicia en la distribución de estos u otros fondos" y del asturiano "la capacidad de reclamar la defensa de la igualdad de todos los españoles".

Lorena Gil (Podemos) saluda la decisión de implicar a las autonomías en la gestión del fondo y aunque ve prematuro el debate sobre las cifras urge a Moncloa a defender "la proporción de transferencias y préstamos propuesta por la Comisión y a que la condicionalidad de las ayudas no esté ligada al cumplimiento del marco fiscal". Una vez aprobado, remata, "defenderemos un reparto justo y equitativo, que tenga en cuenta las necesidades e intereses de Asturias".

Aún es pronto para valoraciones, abunda la portavoz de IU, Ángela Vallina, que aplica a este asunto la reclamación de "criterios de equidad y justicia territorial, alejados de vaivenes coyunturales partidistas". Adrián Pumares (Foro) requiere la presencia del Principado en la pugna por un reparto que "no ahonde aun más en la discriminación de determinadas regiones frente a otras", pero teme que "Sánchez reparta los recursos en función de criterios políticos, con el objetivo de mantenerse en La Moncloa y sin atender a la igualdad, la solidaridad o los efectos de la crisis". Ignacio Blanco (Vox) rechaza que se reproduzcan los criterios de la financiación autonómica y reclama otro "más objetivo vinculado a la renta per capita sin considerar las transferencias para clases pasivas".

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