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Los concejos sufrirán un notable recorte de los 259 millones de financiación estatal

La caída de la recaudación fiscal por el parón de la economía supondrá una merma estimada en 150 millones para las arcas del Principado

Los concejos sufrirán un notable recorte de los 259 millones de financiación estatal

Los ayuntamientos asturianos están a la espera de conocer el ajuste que realizará el Estado sobre los 259 millones previstos para las entidades locales de Asturias en concepto de financiación, como consecuencia de la merma de ingresos en impuestos estatales como el IVA y el IRPF. La Federación Asturiana de Concejos (FACC) no maneja una estimación del impacto que tendrá para las arcas consistoriales esa caída de la actividad, pero su homóloga de Galicia apunta a una reducción de entre el 20 y el 30 por ciento respecto a las previsiones de principios de año, cuando el coronavirus no figuraba en la hoja de ruta del Ministerio de Hacienda. Esa previsión gallega se traduciría en Asturias en un ajuste de entre 51 y 77 millones.

El Estado preveía una aportación de 259 millones de euros para el conjunto de los 78 ayuntamientos asturianos, de los que 157 correspondían a los tres municipios más poblados -Oviedo, Gijón y Avilés- mientras que los 102 restantes se repartían entre los otros 75 concejos de la región. El estallido de la pandemia del coronavirus ha provocado, tanto con la hibernación de la actividad como con el confinamiento de la población, una caída de los ingresos procedentes de impuestos estatales que obligará al Ministerio de Hacienda a revisar sus estimaciones iniciales.

Los ayuntamientos de Gijón, Oviedo y Avilés manejaban una previsión de ingresos en concepto de impuestos cedidos que ascendían a 13 millones, 11,7 y 3,6 millones, respectivamente para este ejercicio. La participación en los impuestos cedidos afecta a los siguientes tributos: IRPF, IVA, alcohol, productos intermedios, cerveza, tabaco e hidrocarburos. El "cierre" del país durante más de dos meses afectará a la recaudación real por esos impuestos, mucho menor de la estimación prevista. Las transferencias estatales a los consistorios se completan con las partidas correspondientes al fondo complementario de financiación y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). El montante de la transferencia estatal para el presente ejercicio ascendía a 77,7 millones para el ayuntamiento de Gijón; a 57,6 millones en el caso de Oviedo y a 21,3 para el municipio de Avilés.

El peso de la financiación estatal en las cuentas anuales de los ayuntamientos suele variar en función de su tamaño pero vienen a suponer, de media, más del 30 por ciento de los recursos económicos de los consistorios. Por el momento, las entregas a cuenta a los principales ayuntamientos asturianos se han mantenido sin apenas variaciones en los cinco primeros meses del año. En el caso de que haya que realizar ajustes sobre esas cantidades, se materializarían al practicar la liquidación definitiva, cuando ya se cierre todo el ejercicio, en el primer semestre de 2022.

El escenario de incertidumbres abierto por el impacto de la crisis del covid-19 ha llevado al conjunto de los ayuntamientos españoles a pedir margen de maniobra para disponer tanto del superávit acumulado en 2019 como del remanente de tesorería acumulado en los ejercicios precedentes, que en el caso de Asturias alcanzaría los 450 millones de euros. La petición, trasladada al Gobierno central por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuenta con el apoyo del Principado y con la complicidad de los principales partidos con representación en las instituciones, con el PP a la cabeza. Su portavoz en la Junta General, Teresa Mallada, ha exigido a Adrián Barbón una mayor implicación en dicha reivindicación. Los socialistas asturianos han asumido la reclamación municipal pero el Ejecutivo autonómico ha añadido a su respaldo el matiz, relevante, de que la decisión sobre la autorización para que los ayuntamientos puedan tirar de esos fondos para afrontar la mengua de recursos derivada del coronavirus es competencia exclusiva del Gobierno central. El Principado sí maneja una estimación de los ingresos que dejará de percibir por el impacto del coronavirus: 150 millones de euros que se sumarían a los, por ahora, 103 millones de euros de gasto adicional obligado para atender las facturas de compra de material y de contrataciones adicionales por la crisis sanitaria.

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