El Gobierno asturiano se muestra reacio a permitir la movilidad entre autonomías que desde este próximo lunes se encuentren ya en la fase 3. El Principado opta por la cautela y quiere minimizar el riesgo de posibles rebrotes que entrañaría un aumento de la circulación entre distintas comunidades, aunque se encuentren en la misma fase, tal y como pretenden el País Vasco, Navarra y Cantabria. Pedro Sánchez, afirmó ayer que la decisión sobre las restricciones de movilidad entre diferentes autonomías será competencia del Gobierno central pero sin cerrar la puerta a movimientos entre autonomías que así lo pidan,
El presidente del Principado, Adrián Barbón, se desmarcó de una apertura inmediata de las "fronteras" autonómicas: "Abrir la movilidad hay que analizarlo con cautela. El virus sigue ahí y la gente se está confiando en exceso", afirmó en una entrevista Barbón, quien reclamó un análisis "muy pautado y pensado y con muchísima prudencia".
Las incertidumbres sobre la circulación entre diferentes comunidades autonomías, que se encuentren en la fase previa a la llamada "nueva normalidad", han crecido en los últimos días después de que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, dijera que era una posibilidad, y que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pusiera coto a esa pretensión, afirmando que en la fase 3 únicamente sería posible la movilidad entre provincias de la misma comunidad. El tránsito entre distintas autonomías, dijo, quedaba reservado, a la nueva normalidad, es decir a partir del 22 de junio.
Si la crisis del coronavirus sometió a revisión diaria los protocolos sanitarios y de prevención de riesgos, ahora le llega el turno a la movilidad interterritorial, clave para la reactivación económica.
Sánchez indicó ayer, en el debate previo a la votación del último estado de alarma, que la decisión sobre la movilidad entre autonomías será del Gobierno central, pero se mostró receptivo a la fórmula que le planteó el portavoz del PNV, Aitor Esteban, de dar luz verde a la circulación entre comunidades que lo acuerden previamente.
Mientras el criterio definitivo del Gobierno central toma cuerpo, el Ejecutivo asturiano ya ha confirmado que, de entrar en la fase 3 el próximo lunes, está dispuesto a agotar las dos semanas de esa última etapa de la desescalada. Es decir, no piensa pedir que se levante el estado de alarma antes del 22 de junio, una de las opciones que barajó semanas atrás el presidente Pedro Sánchez, cuando indicó que esta transición podría ser asimétrica y que los gobiernos autonómicos tendrían ese margen.
El lendakari vasco Íñigo Urkullu insistió ayer en que espera que Sánchez cumpla su compromiso del pasado domingo, cuando en la videoconferencia de presidentes, se mostró receptivo a garantizar la movilidad entre comunidades autónomas limítrofes de la fase 3. "Espero que lo hablado se materialice", declaró Urkullu, quien recalcó que "la confianza es algo que se trabaja día a día".
En una línea bastante similar al Principado se manifestó el Gobierno aragonés, que descartó de plano la posibilidad de acuerdos entre presidentes de comunidades autónomas vecinas, aunque se encuentren en la última fase de desescalada, por entender que esa decisión corresponde al Ministerio de Sanidad. "No somos partidarios de ir más allá de lo que nos permite esa fase 3, con decisiones acordes a la realidad de nuestro territorio, pero sin precipitarnos y con cautela", declaró la consejera de Presidencia de Aragón, Mayte Pérez.
