El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha citado a declarar a Teresa Mallada, la portavoz del PP en la Junta General, el 29 de este mes, en la pieza separada del caso Hulla por la cesión gratuita de los terrenos en los que se construyó el geriátrico del Montepío de la Minería, en Felechosa. Mallada es investigada junto al resto de concejales de la Corporación de Aller, entre 2008 y 2010 que dio luz verde a aquella cesión. Tanto los ediles de aquella Corporación como los alcaldes de esa etapa ya han prestado declaración, dentro de las diligencias asumidas por la Sala de Civil y lo Penal del TSJA, dada la condición de aforada de Teresa Mallada por ser diputada autonómica.

"Tenía gran interés en que llegara esta citación. Cuanto antes mejor", comenzó ayer la portavoz popular en el parlamento autonómico. El TSJA se declaró competente para instruir la causa, pieza separada del "caso Hulla" el pasado mes de febrero, apenas unas semanas antes de que se declarase el estado de alarma, que paralizó todas las actuaciones judiciales. El magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal, Ignacio Vidau, es el encargado de instruir esta causa, en la que la Fiscalía Anticorrupción ve indicios de posible comisión de los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias de la totalidad de los integrantes de aquella Corporación.

Pese a los informes contrarios de la Secretaría y la Intervención municipales, la Corporación aprobó por unanimidad la cesión gratuita de los terrenos en los que se construyó con fondos mineros la residencia geriátrica con la que, según Anticorrupción, se lucraron ilícitamente el exlíder sindical José Ángel Fernández Villa y el que era su mano derecha y presidente del Montepío, José Antonio Postigo, también investigado en esta nueva causa como inductor. Esta pieza separada del "caso Hulla", junto con la exposición razonada elevada por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo, Begoña Fernández, fue recibida el pasado día 18 de febrero en la Sala Civil y Penal acordando la inhibición al TSJA.

El magistrado Vidau será el que decida si se archiva la causa o si finalmente se celebra juicio. Anticorrupción mantiene que el Montepío de la Minería eligió el concejo de Aller "con la anuencia" del ayuntamiento allerano, porque tenía "la plena seguridad" de que no se pondría obstáculo alguno a sus planes.