Ni se han agilizado las obras mayores, ni las menores. Las promesas del Gobierno del Principado para desbloquear los cientos de expedientes de proyectos relacionados con el Camino de Santiago que colapsan el departamento de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura se han quedado en nada. Y, lo que es peor, la "sobreprotección desproporcionada", en teoría provisional, existente en torno a las diferentes rutas jacobeas que discurren por Asturias podría mantenerse por tiempo indefinido. Son los temores, las críticas y las denuncias de los constructores, los aparejadores y los arquitectos de la región, que han estallado en contra de la regulación provisional que aprobó la Consejería de Cultura el pasado 28 de enero sobre la protección del entorno del trayecto a Compostela.
La Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) y los colegios de Aparejadores y Arquitectos han presentado un recurso de reposición en el que solicitan que se revoque la normativa aprobada hace cinco meses, y que, a cambio, se redacte un plan especial de protección, prometido desde 2006 para la ruta jacobea, que aporte "seguridad jurídica", que evite la "pérdida de inversiones" y que permita a los ayuntamientos resolver la mayoría de las afecciones.
La resolución de Cultura aprobada el 28 de enero pasado fija y delimita el conjunto histórico del Camino de Santiago en el Principado; determina su entorno de protección provisional, tanto para la ruta del interior como para la de la costa; y apunta a un desarrollo posterior que permitiría que los ayuntamientos tramitaran las obras de menor entidad. Pero ese desarrollo sigue en veremos. En el recurso, las tres organizaciones aclaran que en absoluto rechazan un régimen de protección para el Camino a Compostela, pues la valoran cultural y socialmente, pero apuntan que también debe valorarse desde el punto de vista económico, aspecto este último que se ve perjudicado por lo que consideran un "sobreproteccionismo desaforado". Esta circunstancia, unida a la "ineficiencia administrativa", que provoca demoras de más de un año en la tramitación de informes, ocasiona "distorsiones económicas" y la "pérdida de inversiones significativas" y, además, "decisivas para la fijación de población en el mundo rural", resaltan.
La regulación del Camino de Santiago en Asturias se estableció en un decreto del año 2006, que determinó un entorno de protección provisional constituido por una banda de treinta metros a cada lado en los tramos rurales y por las parcelas colindantes en las zonas urbanas. El decreto remitía a un futuro plan especial que nunca se redactó y que iba a regular las servidumbres y afecciones concretas vinculadas a todos los trazados que discurren por la región.
Con la resolución aprobada en enero, los profesionales del sector de la edificación consideran que lo que hace la Consejería es mantener por tiempo indefinido esa "provisionalidad"; es decir, la "incertidumbre" y la "inseguridad jurídica", consolidando además "esa afección mínima de 30 metros". De esta forma, según señalan en las alegaciones, "quedan afectados todos los proyectos de edificación o de urbanización que se pretendan desarrollar dentro de esa delimitación, los cuales no se prohiben", pero sí requieren solicitar autorización al Ayuntamiento correspondiente, el cual podrá a su vez pedir que la Consejería, "a través del Consejo del Patrimonio Cultural, emita dictamen al respecto".
A la vez, la norma exige que los proyectos se ajusten "a una calidad de diseño adecuada a su naturaleza cultural", un concepto que "por su indeterminación jurídica" es "fuente de arbitrariedades" y, "en consecuencia, genera una inseguridad permanente, muy alejada de la certeza que exigen las inversiones", según denuncian los profesionales afectados.
Por ello, constructores, aparejadores y arquitectos solicitan la revocación de la resolución que dictó Cultura el 28 de enero, "evitando una sobreprotección, fundamentalmente en los núcleos rurales, que son los ámbitos más sensibles a la despoblación y más necesitados de incentivos económicos para fijar población", añaden.
Las tres organizaciones piden comenzar ya la tramitación y aprobación de un plan especial, bien de protección bien territorial, que regule definitivamente esta materia, que aporte seguridad jurídica, y que evite "delimitaciones de entornos del Camino con una protección desproporcionada, máxime en localizaciones en las que no exista ningún valor ambiental o cultural" merecedor de amparo, de forma que "no se pongan trabas a la ejecución de inversiones de gran importancia" para los municipios por los que discurre el Camino de Santiago en Asturias.
