07 de junio de 2020
07.06.2020
La Nueva España

Más control en los viajes organizados para seguir el rastro ante contagios

El Gobierno atenúa el traspaso de poderes a las autonomías reservándose el mando en situaciones "de urgente necesidad"

07.06.2020 | 01:24
las manifestaciones según el covid-19. Mascarillas y distancia de seguridad señalizada en una concentración por el Día del Medio Ambiente ayer en Gijón.

La mascarilla obligatoria, que se impondrá ya bajo aviso de multa, y la vida a dos metros de distancia han llegado para quedarse hasta el final de la desescalada y más allá. El Gobierno prevé aprobar el martes un real decreto que trata de amarrar las precauciones que habrán de ser observadas para contener la pandemia cuando ya su autoridad no esté sostenida por el estado de alarma -a partir del domingo 21- y hasta que el covid-19 remita o haya una vacuna fiable.

El borrador de la norma confirma la obligatoriedad del uso de la mascarilla para mayores de seis años en la calle, en espacios al aire libre, en lugares cerrados de uso público y siempre que no sea posible garantizar una separación de dos metros, así como en el transporte público. Advierte de multas de hasta cien euros por los incumplimientos con los protectores respiratorios y se entrega a una amplia casuística de exigencias adicionales para mantener la seguridad y el virus a raya en centros de trabajo, sanitarios y educativos, en comercios, hoteles, bares, lugares de ocio y un amplio etcétera.

Entre las medidas, hay una que obliga a los operadores de transporte con plazas preasignadas a guardar y mantener durante cuatro semanas la información de contacto de sus pasajeros, con el fin de facilitar a la autoridad sanitaria "la trazabilidad de los contactos" en caso de detectarse casos positivos por coronavirus. Se conmina además a las autonomías a practicar pruebas PCR ante toda sospecha de covid-19, preferentemente en la atención primaria, y se deja por escrito su obligación de informar con detalle a Sanidad de cualquier rebrote.

En otro de los preceptos que pueden aproximar tormenta política, el Gobierno pone algunas condiciones al traspaso de poderes a las comunidades autónomas anunciado la semana pasada. El decreto reconoce lo ya sabido sobre la potestad autonómica para decidir la duración y las medidas de la fase 3 (salvo las relativas a la movilidad), pero atenúa la autoridad de los ejecutivos regionales en una disposición final donde reserva para el Ministerio de Sanidad la posibilidad de tomar de forma autónoma "las medidas que sean estrictamente necesarias" en situaciones "de urgente necesidad".

En esos casos, por ejemplo de empeoramiento epidemiológico grave, el Gobierno central retomará las riendas. El asunto tiene su potencial carga política por cuanto la cesión del mando a las regiones ha sido una exigencia recurrente de los socios nacionalistas e independentistas del Ejecutivo de coalición.

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