Reducir el entorno de protección del Camino de Santiago pondría "en riesgo" su declaración como Patrimonio Mundial, conseguida en 2015, advirtió la Consejería de Cultura. De ahí que la resolución aprobada el pasado 28 de enero para agilizar la tramitación de licencias en el entorno de la ruta jacobea y acabar con el atasco que registra el departamento de Patrimonio Cultural mantenga la protección establecida en un decreto aprobado en 2006: treinta metros a ambos lados del Camino de Santiago en la zona rural y la parcela colindante en zona urbana. Una decisión que ha generado críticas y un recurso por parte de los constructores, los aparejadores y los arquitectos asturianos, que consideran que existe una "sobreprotección desproporcionada" que hace fracasar múltiples inversiones en el entorno del trayecto a Santiago.
El departamento que encabeza Berta Piñán subrayó que el ámbito de protección junto a la ruta a Compostela no es exclusivo de Asturias, sino "coincidente con el existente en el resto de comunidades autónomas del Norte por las que discurre esta vía histórica: Cantabria, País Vasco y Galicia". Con la particularidad de que en el caso gallego la banda de protección "puede llegar a los 100 metros en zona urbana y a toda una parroquia en zona rural", resaltó Cultura.
"Es conveniente recordar que el entorno oficializado en 2006 fue el tenido en cuenta por la Unesco a la hora de declarar Patrimonio Mundial las rutas jacobeas asturianas, y por lo tanto se debe mantener", subrayaron fuentes de la Consejería, que lanzaron una severa advertencia: "Reducir el entorno de protección del Camino de Santiago podría poner en riesgo la declaración del Camino de Santiago asturiano como Patrimonio Mundial, conseguida en 2015 y que ha supuesto un notable incremento del número de peregrinos desde ese año hasta la actualidad y, con ello, una gran riqueza económica para Asturias, especialmente para la zona rural".
El actual Gobierno del Principado se encontró con una delicada herencia. Por un lado, el decreto aprobado en 2006, que estableció una protección provisional para el entorno del Camino de Santiago, obligaba a redactar un plan especial para concretar trazados y afecciones. Nunca se llevó a cabo.
Además, en 2016, presionado por la oposición y los afectados, el Gobierno del Principado acordó aprobar "antes de que finalice el año" el plan especial "para convertir el Camino de Santiago en un gran eje cultural, turístico y de desarrollo". Tampoco se cumplió aquella nueva promesa. El Gobierno de Adrián Barbón decidió tras tomar posesión, hace ahora un año, impulsar por fin el anunciado plan territorial especial, que analizará "tramo a tramo la situación del Camino de Santiago y de su entorno de protección", especificando las actuaciones que sería posible ejecutar "con el fin de evitar que la Consejería de Cultura deba informar de todas las solicitudes de intervención, salvo en casos excepcionales", indicó Cultura. Problema: elaborar ese plan especial implica "una larga tramitación, previsiblemente de varios años", según admite la Consejería.
De ahí que el 28 de enero pasado, "para agilizar la tramitación de proyectos y obras en el entorno del Camino de Santiago", la Consejería aprobara una resolución que iniciaba los trámites para modificar "antes de que acabe este año" el decreto de 2006, y así dejar en manos de los ayuntamientos, sin necesidad de pronunciamiento de Cultura, la tramitación de las obras menores (retejos, pintura de fachadas, cierres...), que generan una media de 300 expedientes al año que ahora deben ser informados por Patrimonio. Tanto la modificación del decreto de 2006 como la elaboración del plan especial del Camino de Santiago están en marcha.
La Consejería ya ha recibido el recurso de los constructores, aparejadores y arquitectos que solicita la anulación de la resolución del 28 de enero. Ahora, los técnicos de la Dirección General de Cultura y Patrimonio iniciarán el estudio jurídico del escrito "con la atención que lógicamente merece". "Por este motivo, no es prudente hacer ningún tipo de valoración sobre el recurso", salvo que, "por el propio espíritu de la resolución, estaba siendo tramitada por procedimiento de urgencia", añade Cultura.
La pretensión de la Consejería con esa resolución es "adoptar medidas que, con la mayor prontitud, permitan ir abreviando trámites de concesión de licencias", lo que, a su vez, facilitaría "las intervenciones en el entorno del Camino de Santiago", apuntó.
