La publicación del protocolo de seguridad que permitirá la reapertura inminente de las cuatro escuelas infantiles dependientes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y de los jardines de infancia de gestión privada ha sido acogida con estupefacción entre los trabajadores que atienden los centros educativos para niños menores de tres años y en algunas familias. El sindicato CSIF, haciendo de altavoz de la sorpresa de las plantillas, se pregunta las razones que justifican la "discriminación" y la desigualdad de trato que reciben estas guarderías respecto a las que dependen de la Consejería de Educación y gestionan los ayuntamientos, que han decidido de común acuerdo entre el Principado y la federación de concejos no abrir hasta septiembre "por motivos de salud".
Independientemente de su titularidad, resalta la organización sindical, todos esos centros "atienden al mismo colectivo (niños menores de tres años) y tienen personal con idénticas titulaciones y funciones. Si Educación ha decidido no abrir por motivos de salud, ¿quiere decir que no importa que se contagien los niños que van a las escuelas de la Consejería de Derechos Sociales o los trabajadores que las atienden?", se preguntan. Tampoco les convencen las razones de conciliación que ha aducido la Consejera, Melania Álvarez. Oponen que la necesidad de conciliar habría de ser la misma para las familias de los alumnos en todas las redes y se cuestionan por qué no se aplica el mismo protocolo de seguridad divulgado el pasado viernes a los centros de todas las redes.
CSIF entiende que lo correcto sería "una incorporación gradual", equiparable a la de "otros servicios", empezando por la del personal educativo para preparar un retorno seguro de los alumnos en septiembre. "Una incorporación precipitada", remata el sindicato, "conlleva riesgos para la salud pública y no supone ningún tipo de beneficio para los menores".
Desde una óptica en algún punto distinta respecto al plazo de retorno, pero que igualmente reclama la apertura de los centros públicos y privados en las mismas condiciones, familias con hijos escolarizados en la red pública asisten igualmente atónitas a las diferencias. En un escrito dirigido al Principado y a su Ayuntamiento, por ejemplo, los padres de un alumno de la escuela de Siero -dependiente de Educación- piden que igual que pueden reabrir las guarderías privadas también lo hagan las públicas, teniendo en cuenta además que las reglas de la desescalada ya lo permiten. "Curiosamente", afirman, "podemos estar en reuniones de quince personas sin aplicar el límite a convivientes o permanecer en un velatorio, podemos ir con niños a una boda de cincuenta personas, participar en actividades de animación hotelera con veinte o incluso acudir al fisioterapeuta o a un centro de estética que está en contacto permanente con nosotros, pero no llevar a nuestros hijos a un centro educativo donde comparten espacio ocho niños y dos educadoras".
Añaden que "nadie nos preguntó a las familias si estábamos o no dispuestas a asumir la responsabilidad de que nuestros hijos fueran a la escuela infantil" y acaban manifestando su "malestar y contrariedad" ante una decisión que consideran "arbitraria y cómoda".
