El Gobierno del Principado no renuncia a recuperar los 23,8 millones que tuvo que devolver el año pasado al Ejecutivo central por el supuesto uso indebido de fondos mineros en tres proyectos correspondientes al período 2006-2012: el enlace que une la N-634 y la autovía del Cantábrico en Lieres, el soterramiento del trazado de Feve en Langreo y la Ciudad del Motor proyectada para Tineo, que nunca llegó a ejecutarse. Así lo manifestó ayer el consejero de Industria, Enrique Fernández, durante una comparecencia en la Junta General.

El Principado sigue manteniendo que los fondos mineros sí podían subvencionar esos proyectos, mientras que el Gobierno central defiende que no. Esa discrepancia llegó a los tribunales, que en primera instancia dieron la razón al Estado. El Ejecutivo asturiano solicitó la suspensión cautelar de la ejecución de la sentencia, lo que fue rechazado por lo jueces. Esta situación llevó al Principado a abonar los 23,8 millones para evitar entrar "en la lista de morosos", resaltó el Consejero, en contestación a preguntas del diputado autonómico del PP Álvaro Queipo.

Los dirigentes autonómicos aún confían en un vuelco judicial que les dé la razón y obligue al Estado a devolver los 23,8 millones entregados en 2019, de los cuales 16,4 millones corresponden al principal y los 7 restantes a intereses. Fernández aseguró además que los convenios por importe de 98 millones del periodo 2013-2018, que el Gobierno de Pedro Sánchez "rescató" para Asturias después de que el PP "guardara 250 millones en el cajón del olvido" al eliminar los fondos mineros, se intentarán "formalizar" este año para ejecutarse en el próximo ejercicio.

Queipo reprochó al Gobierno que ocultara la obligación de tener que hacer frente a esa devolución después de años asegurando que tenía derecho a cobrar del Estado 250 millones por sentencia de la Audiencia Nacional. "Esa sentencia sólo decía que tenían derecho a que se revisasen uno a uno los convenios", indicó el diputado, que acusó al Ejecutivo de actuar "con nocturnidad" en la gestión de los fondos mineros y de fomentar "el barullo" buscando rédito político pese a que ahora tienen que devolver al menos una parte de los fondos "hasta con intereses".