El Gobierno asturiano revistió como simples "directrices" organizativas lo que en realidad era "un acto normativo que pretende eficacia externa para los ciudadanos". En concreto, para los aspirantes a 1.340 jefaturas del Principado cuyos procesos selectivos estaban empantanados por la intensa litigiosidad que habían generado. Ahora, el avance de estos procedimientos queda aún más comprometido. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de dictar una sentencia que declara nulo de pleno derecho el acuerdo del Consejo de Gobierno del 18 de julio de 2018 que dio luz verde a las "directrices" para la ordenación y clasificación de los puestos de trabajo, con carácter previo a la convocatoria del concurso de méritos para proveer 1.340 puestos de jefe que el Tribunal Supremo anuló en 2011.
Los magistrados han estimando en su totalidad el recurso interpuesto por dos miembros de Conceyu por Otra Función Pública en Asturias. Fechada el pasado día 8, esta sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo es recurrible de nuevo ante el Supremo. O sea, que puede eternizarse aún más una tramitación iniciada en 2007.
A juicio de la Sala, las mencionadas directrices "exceden el marco de las meras instrucciones y órdenes de servicio", y tienen "una vocación reguladora superadora de la mera orientación política característica de las directrices". Por eso constituyen una "verdadera reglamentación de supuestos de adscripción que exceden el marco atribuido a la mera gestión de personal".
Tras la aprobación de las directrices ahora declaradas nulas, el Consejo de Gobierno elaboró una relación de puestos de trabajo (RPT) con fecha 7 de junio de 2019 y convocó un concurso de méritos para cubrir 1.340 puestos el 12 de junio del mismo año. "Esta nulidad deja en el aire todos los procedimientos posteriores, que se encuentran condenados también a quedar sin efecto", subraya Conceyu por Otra Función Pública.
Los demandantes califican la sentencia de "contundente" y critican que el Consejo de Gobierno utilizara "unas instrucciones internas para realizar una modificación de naturaleza reglamentaria". Este cambio -prosiguen- afecta al contenido del decreto 40/1991, que regulan las relaciones de puestos de trabajo del Principado de Asturias, "prescindiendo para su tramitación y aprobación del procedimiento legalmente previsto para ello, a saber, el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general".
"Se trata de una nueva chapuza jurídica que culmina una larga trayectoria de ilegalidades dentro la Función Pública del Principado, que han sido declaradas reiteradamente por la justicia sin que por ello nadie haya asumido responsabilidad política alguna", enfatiza Conceyu, que emplaza al presidente del Principado, Adrián Barbón, a "jugar limpio y cambiar el rumbo seguido en las últimas décadas".
