La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anulando las directrices del Principado para convocar 1.340 jefaturas deja en el aire la relación de puestos de trabajo y el concurso de méritos que se sustentaba en ellas. Los sindicatos de funcionarios confían en que el Principado no recurra al Supremo y "se ponga orden" a la organización interna tras décadas de litigiosidad. Mientras tanto, el Ejecutivo regional se limita a indicar que "los servicios jurídicos del Principado están estudiando y valorando el alcance de la sentencia".

El fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA estima en su totalidad el recurso interpuesto por dos miembros de Conceyu por Otra Función Pública en Asturias, y establece que las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno el 18 de julio de 2018 "tienen una vocación reguladora superior de la mera orientación política característica de las directrices". Y por esa razón se convierten en una "verdadera reglamentación de supuestos de adscripción que exceden el marco retributivo a la mera gestión de personal".

Javier Villa, del Conceyu por Otra Función Pública en Asturias, indicó que "esta sentencia demuestra que teníamos razón y que el Consejo de Gobierno utilizó un atajo legal para modificar lo que se tenía que hacer por concurso de méritos". Y añadió que "el actual Ejecutivo tiene una oportunidad excepcional para no seguir la estrategia de gobiernos anteriores, que durante décadas perdieron en los juzgados y sistemáticamente recurrían para ganar tiempo".

Sergio Peña, presidente de CSIF en Asturias, señaló que "la sentencia que gana Conceyu, con toda la razón y que está muy bien fundamentada, demuestra que el Principado revistió llamando instrucciones a lo que claramente era una modificación de la ley, y hay 1.300 plazas de cargos intermedios que en muchos casos están siendo ocupadas 'a dedo', algunas durante 18 años". Los sindicatos firmaron en su momento porque "pretendíamos con ese cambio que fueran más transparentes los nombramientos y que se aceleraran los concursos de méritos". Pero Asturias "es la única comunidad autónoma que tiene decenas de años parados todo tipo de concursos y hay 1.500 funcionarios de carrera que no han tenido la oportunidad en 18 años de optar a ninguna plaza".

José Luis González, de USIPA, trasladó la "enorme preocupación entre los funcionarios por si esta sentencia anula la relación de puestos de trabajo y el concurso de méritos. Son actos administrativos distintos, recurribles todos ellos, pero que están vinculados entre sí".

En definitiva, que todo queda en el aire a la espera de que el Ejecutivo regional decida recurrir. Si lo hace, el conflicto se podría prolongar años.