14 de junio de 2020
14.06.2020
La Nueva España

El Principado rechaza recurrir la anulación de las jefaturas

El fallo del TSJA que tumba 1.340 nombramientos "a dedo" obliga al Ejecutivo a replantearse la reforma del sector público

14.06.2020 | 00:05
Edificio de consejerías del Principado en Llamaquique, en Oviedo.

El Gobierno regional no tiene pensado recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula las directrices que sirvieron como base para la relación de puestos de trabajo (RPT) y la convocatoria del primer concurso de méritos convocado desde hace décadas. Se trata de un fallo que afecta a 1.340 puestos de jefatura en el Principado, nombrados "a dedo" en algunos casos hace casi dos décadas. La decisión de no recurrir, que está pendiente del estudio jurídico de Función Pública del Principado, supone que el Ejecutivo que preside Adrián Barbón tendrá que replantearse la reforma del sector público asturiano.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, resultado de un recurso presentado por Conceyu por Otra Función Pública en Asturias, establece que las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno del Principado el 18 de julio de 2018 "tienen una vocación reguladora superior de la mera orientación política característica de las directrices". Y añade que en consecuencia se convierten en "una verdadera reglamentación de supuestos de adscripción que exceden el marco retributivo a la mera gestión de personal".

El problema de esta sentencia es que sobre esas directrices se diseñó la relación de puestos de trabajo (RPT) de funcionarios en el Principado y se convocó el primer concurso de méritos después de décadas. Se trata de actos administrativos distintos, por lo que cada uno de ellos puede ser recurrido, pero que están concatenados, por lo que no está clara la incidencia de la sentencia del TSJA en cada uno de los otros.

El fallo del Alto Tribunal asturiano es recurrible ante el Supremo, y la Viceconsejería de Justicia se limitó a indicar tras conocerlo que "los servicios jurídicos del Principado están estudiando y valorando el alcance de la sentencia", para adoptar una decisión. Aunque la intención del Gobierno regional es no recurrir. Los sindicatos de los funcionarios del Principado, por su parte, celebraron el fallo judicial y pidieron al ejecutivo de Barbón que ponga punto y final a décadas de litigiosidad y la asuma como definitiva.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, fue ayer mucho más concreto a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA en la ya habitual rueda de prensa de los sábados desde que se decretó el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. "La sentencia la está analizando Función Pública. Pero ya saben que yo soy políticamente incorrecto y acostumbro a decir lo que pienso. Y lo que creo es que no hay que recurrir, salvo que el informe jurídico de Función Pública diga otra cosa fundamentada", señaló.

El recurso iría al Tribunal Supremo, lo que supondría prolongar aún más la litigiosidad de décadas que mantienen el Principado y los sindicatos de funcionarios de la administración pública asturiana.

Un nuevo planteamiento

Pero no recurrir supone tener que replantearse el sistema que se ha seguido en el Principado para los nombramientos de las jefaturas, tras años sin que se haya convocado concurso alguno. Y Barbón es consciente de ello.

"No recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias nos va a obligar a replantearnos todo el planteamiento sobre la reforma del sector público. No puedo dar plazos ni decir cómo lo vamos a plantear", afirmó el jefe del Ejecutivo regional.

En una respuesta a Podemos en la Junta General del Principado el pasado mes de mayo, Adrián Barbón aseguró que no se planteaba rebajas o recortes a los empleados autonómicos, pero que sí es partidario de una reestructuración tras un proceso que determine "dónde falta y sobra personal". Abría así la puerta a "una reforma del sector público asturiano" que considera "más necesaria que nunca".

El presidente asturiano avanzó entonces, sin entrar en detalles, que la actual estructura del personal del Principado es la que se diseñó hace más de tres décadas. Por eso, planteó que en una revisión adaptada al siglo XXI, "pueden desaparecer unas responsabilidades para reforzar otras".

En esa misma intervención, Barbón hizo un llamamiento a la racionalidad. Se refirió a que el Principado no puede soportar una plantilla tan extensa y a la racionalización de recursos. Y en dicha reforma también cabría la modificación del nombramiento de jefaturas puesto en duda por los juzgados asturianos.

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