Una sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Alicante obliga a convertir en fija a una funcionaria interina de larga duración (12 años) con los mismos derechos que una funcionaria de carrera, lo que ha provocado un verdadero tsunami entre los empleados públicos. Se trata del primer caso en toda España -al menos conocido- después de que una reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo dictaminara que se debe estudiar caso por caso y que la solución queda en manos de los jueces españoles, aunque resuelve que se opte por la indemnización y no por convertir a este personal en fijo. En Asturias hay más de 15.000 funcionarios interinos de larga duración y los sindicatos hacen un llamamiento a la calma porque la sentencia se puede recurrir. Aun así, las consultas de interinos asturianos en sindicatos y servicios jurídicos se han multiplicado tras la sentencia.
El caso juzgado en Alicante es el de una funcionaria interina que llevaba prestando sus servicios en el Ayuntamiento de Alicante de manera temporal durante doce años continuados. La empleada entendía que al amparo de la directiva comunitaria de 1999 el suyo era un caso de fraude de ley y de abuso de la temporalidad por el cual la Administración debía ser sancionada.
Según consta en el fallo judicial, se reconoce a la recurrente "su condición de empleo público fijo y a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeña con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera".
La jueza, en una sentencia que según fuentes jurídicas y sindicales consultadas está "muy bien fundamentada", analiza distintas posibilidades alternativas que va descartando de manera razonada. Por ejemplo, obligar al Ayuntamiento de Alicante a la organización de un proceso selectivo o de estabilización para cubrir de manera definitiva las plazas ocupadas por el personal público temporal. Esta medida, según consta en el fallo, "necesariamente debe ser descartada" porque no se ajusta a la directiva europea y no previene el abuso, ya que su aplicación estaría en manos del empleador. Y en última instancia, además, ni sería negativo para la Administración ni compensaría a la víctima del abuso.
Otra opción sería que los funcionarios interinos de larga duración se convirtieran en indefinidos no fijos. Pero esto no descartaría que el trabajador pudiera ser cesado, ya que la plaza podría quedar amortizada o incluida en una oferta.
Otra posibilidad que también descarta es la indemnización porque, además de no tener encaje legal, no sería ni efectiva ni disuasoria. Para serlo, aclara, la cifra tendría que ser tan elevada que difícilmente podría ser satisfecha por la Administración. En este aspecto, señalan los representantes sindicales, hay que tener en cuenta además que no están establecidas las cuantías o baremos de las indemnizaciones.
Asturias cuenta con unos 51.000 empleados públicos entre el conjunto de las administraciones y la Universidad. Según CSIF, el 30 por ciento de media son interinos, siendo los ayuntamientos donde se da la mayoría de estos puestos, y menos en Justicia y la Administración General del Estado. De ellos, el 90 por ciento son de larga duración entendiendo la misma cuando superan los 3 años en el puesto, aunque los hay que llevan incluso cerca de dos décadas. Los llamados "eterninos".
Los sindicatos acusan directamente "a los políticos de esta situación". Sergio Fernández Pañeda, presidente de CSIF en Asturias, señaló que "los políticos, la Administración, han creado un problema muy grave que casi afecta a un millón de personas en España. En Asturias aún más agravado, porque si el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en el año 2007 permitía y permite una fórmula para atajar el problema, el Gobierno regional, a diferencia de otras comunidades autónomas, no lo quiso poner en marcha y muchos ayuntamientos copiaron ese paso. Y han generado 'eterninos', pues ni convocaban oposiciones, ni les hacían unas para ellos, ni convocaban concursos de traslados, y así han creado un problema grave". También añadió que "para los trabajadores es una injusticia total, por detrás de esos miles de interinos de larga duración hay familias, y ven cómo pasan los años y tienen una espada de Damocles encima porque no saben si el año siguiente van a seguir trabajando, y eso que ya llevan 15 o 20 años en el puesto, que se han formado, que han dado todo lo posible en sus trabajos. Además, el día que los cesan legalmente no tienen indemnización alguna, a lo sumo pago de vacaciones si no se han disfrutado", señalan.
José Luis González, de USIPA, aseguró que se multiplican las consultas a raíz de la sentencia de Alicante, e hizo un llamamiento a la prudencia. "Se puede recurrir, y seguro que se recurrirá, con lo que puede tardar años en resolverse definitivamente. Es cierto que es una leve esperanza, pero la sentencia europea, aunque abre una puerta, lo deja todo en manos de los jueces españoles, y mañana se puede fallar lo contrario", matiza.
Javier Villa, de Conceyu por Otra Función Pública, se expresó en términos similares. "El problema es legislativo y también radica en que no se convocan concursos. Se trata de una sentencia de un Juzgado que se puede recurrir, por eso hay que ser muy prudentes", matiza.
