El fondo estatal no cubrirá toda la factura del covid-19, que asciende ya a 260 millones de euros. El Consejo de Ministros aprobó ayer los detalles y criterios para el reparto de 16.000 millones de euros, que el Principado evaluaba antes de hacer una primera valoración sobre su impacto para las finanzas autonómicas. El grupo parlamentario de Ciudadanos ha dedicado precisamente su pregunta del Pleno al Presidente, Adrián Barbón, acerca de la cuantía que podría percibir Asturias de este fondo incondicionado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificó ayer la configuración de este fondo, que ahora deberá ser aprobado por el Congreso de los Diputados, y sostuvo que se trata de "la mayor transferencia del Estado a las comunidades" al margen del sistema de financiación autonómica.
El Principado ha sido uno de los pocos gobiernos regionales en defender los nuevos criterios del fondo covid-19, respecto a los previstos inicialmente. El Ejecutivo de Barbón reclamó que se tuviera en cuenta la población protegida equivalente, un concepto sanitario que tiene en cuenta variables como el número de habitantes mayores de 65 años y también número total de pruebas PCR realizadas y no solo las que habían dado positivo. Fuentes del Principado aseguraron que Asturias saldrá mejor parada de lo que estaba en la propuesta inicial pero que, aún así, la financiación estatal adicional no dará para cubrir toda la factura del covid-19, cuyo último balance provisional situaba el impacto en las arcas autonómicas en 260 millones de euros: 110 millones de aumento del gasto sanitario y una caída de ingresos de 150 millones de euros.
El Consejo de Ministros aprobó ayer los criterios de reparto del fondo, de 16.000 millones de euros, de los que 9.000 se destinarán a sufragar gastos en sanidad, 2.000 serán para la educación y los 5.000 restantes para amortiguar la caída de ingresos fiscales y del transporte (800 millones). El Gobierno central no facilitó el desglose por autonomías de ese reparto aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que las comunidades autónomas más afectadas por el coronavirus serán las que reciban más fondos y que la primera será Madrid, la más castigada en número de muertos.
El primer tramo, de 6.000 millones de los 9.000 destinados al impacto sanitario, se distribuirá en un 65 por ciento por los ingresos en UCI, hospitalizaciones y total de pruebas PCR mientras que la población protegida equivalente tendrá un peso del 35 por ciento. Estos 6.000 millones se repartirán a las autonomías en el mes de julio. La otra partida sanitaria, de 3.000 millones, se facilitará a las comunidades autónomas en el mes de noviembre, con un 55 por ciento conforme a los citados marcadores sanitarios, mientras que en este caso la población protegida equivalente contará en un 45 por ciento.
Los 2.000 millones de Educación se distribuirán atendiendo a dos grandes grupos de edad: el 80 por ciento se repartirá en función de la población entre 0 y 16 años mientras que el 20 por ciento restante se asignará conforme al número de habitantes entre 17 y 24 años, en ambos casos tomando como referencia el padrón. El cuarto tramo, por menores ingresos fiscales y de transporte, se dividirá en 4.200 millones por la caída de la recaudación tributaria y 800 millones por la caída del transporte, una partida que beneficiará en mayor medida a los sistemas de transporte de Madrid y Barcelona.
La ministra Montero destacó que esos criterios se han adoptado después de escuchar los planteamientos de "todas las comunidades autónomas y a gran parte de los grupos políticos". El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, fue ayer uno de los primeros en censurar un reparto "perjudicial e insuficiente".
Al margen de este fondo, el Gobierno autorizó a las tres autonomías que acabaron con superávit en 2019, a destinar ese dinero a gastos extraordinarios del coronavirus, una medida de la que se beneficiarán solo País Vasco, Navarra y Canarias, las tres comunidades con sistemas fiscales especiales. El resto, las autonomías del régimen común, entre las que se encuentra Asturias, acabaron el pasado ejercicio en déficit, afectadas por la devolución del IVA de 2017.
El Principado cerró el pasado año con un déficit del 0,47 por ciento, equivalente a 113 millones de euros, una vez realizada la corrección del IVA comprometida por Hacienda. El Principado, no obstante, mantiene activa su reivindicación sobre la devolución de los 75 millones de la liquidación de 2017.
