La diputada de Ciudadanos Susana Fernández ha reclamado al Gobierno del Principado que clarifique ya si las empresas y autónomos asturianos del sector del ocio y el tiempo libre van a poder reanudar su actividad este verano y en qué condiciones. En una proposición no de ley presentada en la Junta, la parlamentaria de la formación naranja pide medidas de apoyo para favorecer la recuperación en este segmento sensible de la economía asturiana e incita al Ejecutivo regional a establecer cauces de diálogo con el sector para acordar las líneas de actuación más favorables para su reactivación.

Fernández ha lamentado esta mañana el olvido de estos empresarios frente a otros. “Sabemos que son muchos los sectores que se están viendo afectados por las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus", afirma, "pero también es cierto que hay algunos a los que se les está prestando más atención mientras otros, como éste, están cayendo en un olvido que puede implicar la desaparición de multitud de puestos de trabajo”.

Está hablando además, indica la parlamentaria, de un colectivo “fundamental” en muchos casos para facilitar la conciliación de las familias con hijos durante los períodos vacacionales. Se trata de entidades o profesionales que, a falta de muy poco tiempo para el inicio de las vacaciones escolares de verano, “no cuentan con seguridad jurídica de ningún tipo al respecto de si en el Principado se va a poder llevar a cabo este tipo de actividad económica, y en la hipótesis de que se permitiera, cuáles serían las condiciones que los distintos operadores tendrían que cumplir”.

“La incertidumbre es mucha, porque estamos a menos de 15 días de que se inicie julio y consideramos que el Principado tiene que clarificar ya la situación, hay muchas familias que dependen de ello, quienes tienen su puesto de trabajo en este sector y también los padres y madres que solían hacer uso de campamentos y otra serie de actividades de tiempo libre”, añade. La iniciativa parlamentaria insta al Consejo de Gobierno a habilitar, antes del 1 de julio de 2020, y de acuerdo con los profesionales y operadores afectados, “los medios y protocolos técnicos y/o jurídicos necesarios” para la reactivación del sector.