El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP); su vicepresidente, Francisco Igea (Ciudadanos), y el líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca, firmaron ayer un acuerdo que presentaron como "histórico" y ejemplarizante para otros parlamentos: la comunidad ha alcanzado tras mucho tira y afloja el consenso político en torno a un plan de inversión de 1.100 millones de euros para la reconstrucción de la región en los próximos años. Las líneas maestras del proyecto dotarán con 728 millones un plan de inversiones sociales prioritarias para el periodo 2021-2025, incluyendo equipamientos sanitarios y educativos, y con 250 un fondo para la recuperación de la Sanidad, así como, entre otros, una partida de ochenta millones para actividades relacionadas con el empleo y la inversión y 25 millones para un nuevo Plan de Promoción Industrial y de refuerzo del sector agroalimentario.

Hay un apartado en el pacto para las ventajas fiscales, donde se incluyen acuerdos trascendentes como el de aplazar los pagos de los tributos autonómicos para ciudadanos, autónomos y pymes durante la vigencia del estado de alarma o un tratamiento tributario favorable para el medio rural. A cambio, se suspende el trámite parlamentario para la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos, que ya había sido llevado al parlamento autonómico castellanoleonés.