El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por una trabajadora de la empresa pública de telecomunicaciones del Principado (GITPA) para exigir que se retire su nombre del dictamen de la comisión de investigación que en la pasada legislatura examinó en la Junta la gestión de la compañía. La recurrente entiende vulnerados sus derechos fundamentales en el documento de conclusiones de la comisión, donde se le atribuyen responsabilidades en la comisión de supuestos ilícitos e irregularidades.
El caso terminó en el Constitucional cuando la presidencia de la Junta rechazó la petición de rectificación de la trabajadora. Su argumentación invoca la sentencia pionera en la que el Constitucional obligó en 2018 a las Cortes Valencianas a suprimir del dictamen de la comisión sobre el accidente del Metro de Valencia en 2006 la imputación a un alto cargo de la empresa de ferrocarriles.
