El anuncio simultáneo de la remodelación de la estructura del Gobierno y de la Administración autonómica instaló ayer la perplejidad, el recelo y la desconfianza en los sindicatos de la función pública asturiana. A los mismos a los que sorprendió hace menos de un año el trasvase de las competencias de personal desde la Consejería de Hacienda a la de Presidencia les asombra e inquieta ahora, a partes iguales, este doble cambio que acaba de ordenar Adrián Barbón. La que les llevará a depender de la vicepresidencia del Principado es la segunda mudanza en apenas once meses, y en las centrales sindicales se oye hablar de estados de "alerta" y "preocupación", de indicios de un error al seleccionar los equipos o de una advertencia de enfrentamiento si detrás de la "modernización" administrativa se esconde "una rebaja de empleo público, salarios o condiciones laborales".
Por ahí no pasará ninguna de las organizaciones mayoritarias, que ayer se pusieron en guardia. "Nos tendrá a su lado si lo que pretende es modificar la Administración para hacerla más eficiente, eficaz y sostenible", afirma María San José (CSIF), pero estarán "con los cuchillos afilados" si asoma ese recorte en personal, sueldos o derechos. Añade que no estuvo de acuerdo en su momento en el cambio de adscripción de las competencias sobre la plantilla y que ahora respeta, a la expectativa, el nuevo giro del organigrama.
La falta de concreción del Presidente al anunciar los cambios genera "cierta inquietud" en Miguel Ángel González (CSI), quien recela de que Barbón "no se haya mojado" respecto a los detalles. "Nos tememos que arrastre algún recorte de empleo público", subraya el representante sindical, quien no entendió el cambio a la Consejería de Presidencia y ahora éste "lo entendemos menos". "Estos bailes de dependencia orgánica suenan a no tener un proyecto claro. No sé qué pinta la función pública con el medio ambiente y el cambio climático", remata.
Gilberto García (CC OO) atisba una asunción de errores y "un problema de debilidad en la formación del Gobierno". Un cambio de estructura tan pronto "viene a demostrar que alguna equivocación hubo a la hora de conformar el equipo y distribuir las responsabilidades". El trasvase de asuntos tan esenciales como las infraestructuras le sorprende porque "crea confusión". "A estas alturas", resalta, "las cosas tenían que estar estabilizadas, no volver a iniciarse". Recela también de que se justifique la reorganización con una pretensión de reforma administrativa envuelta en "grandes palabras" -"me suena hueco que se hable sin más de pasar al siglo XXI"- y advierte de que cualquier modificación ha de ejecutarse previo "diálogo con los representantes del personal".
En esa necesidad de la negociación confluye Marisol Gómez (UGT), quien resume su reacción garantizando que "vamos a estar alerta". "Esperamos que la remodelación no incluya pérdida o amortización de personal en la Administración", resalta, sino "todo lo contrario": que se haga para "dotar a los servicios públicos de trabajadores suficientes para que tengamos unas prestaciones eficaces y eficientes".
Las primeras reacciones políticas dejaron también expresiones de sorpresa. Teresa Mallada (PP) ve un "síntoma de que las cosas no marchan bien, otra muestra de la debilidad política de Barbón". Adrián Pumares (Foro) acompañó su perplejidad con la sensación de que el Presidente "debería haber aprovechado para cesar a la consejera de Educación". Y, desde Ciudadanos, Laura Pérez Macho subrayó que su partido "lleva pidiendo una reforma de la Administración desde el inicio de la legislatura para hacerla más eficiente y sostenible", y considera que "el primer paso es una auditoría de costes de los servicios y una evaluación de calidad".
