Podemos e Izquierda Unida expresaron ayer su rechazo frontal a que la reforma de la Administración del Principado acarree una reducción de la plantilla de empleados públicos. Entre tanto, Ciudadanos, Foro y Vox dieron la bienvenida al anuncio del presidente del Principado de impulsar una modernización del aparato administrativo para "adaptarlo al siglo XXI", "reconstruirlo" y hacerlo "sostenible". El PP no se definió sobre el fondo de la cuestión: se limitó a decir que la iniciativa "es otra muestra de la debilidad política de Barbón".
"Hablemos claro: Cofiño no coge las competencias de función pública para reformar, sino para recortar el número de trabajadores públicos, facilitando posteriormente la externalización a entidades privadas y a la administración paralela, que carece de control", subrayó Daniel Ripa, secretario general de Podemos. El partido morado reiteró su exigencia de que se realice "de forma inmediata" una auditoría de la eficiencia y calidad "de todos los servicios públicos privatizados a entidades privadas y de todas las fundaciones y empresas públicas de la administración paralela, como paso previo a su vuelta al sector público, allí donde se esté viendo afectada la calidad y la eficiencia".
A juicio del líder de Podemos, "parece difícil de creer que tras los aplausos a sanitarios, personal de residencias o profesorado, de lo que se hable no sea el refuerzo de los servicios públicos sino de su recorte". Según Ripa, la remodelación del Gobierno que asigna al vicepresidente Juan Cofiño las competencias sobre el sector público "es el aval de Barbón a las propuestas del vicepresidente de debilitar el Estado del bienestar en vez de reforzarlo".
Desde IU, su portavoz en la Junta, Ángela Vallina, destacó de entrada que "reorganizar no puede ser recortar, y menos en servicios que lo que necesitan es reforzarse". Se refiere a áreas como sanidad y el ámbito sociosanitario "que se ha demostrado indispensable con esta crisis sanitaria".
A juicio de Vallina, es "indispensable" el diálogo con los funcionarios a través de sus representantes. La portavoz de IU hizo hincapié en que "una reforma de calado en la Administración pública asturiana no puede ser cosa de un único partido". Y agregó: "Obviamente, defendemos grandes acuerdos por la izquierda y creemos que este es un buen momento para reiniciar la legislatura con pactos de gobierno que permitan afrontar los retos que inexcusablemente habrá que superar como consecuencia del coronavirus, tanto desde la perspectiva de recursos, servicios y prestaciones a la ciudadanía, como de reactivación económica y reorientación de nuestro tejido productivo para hacerlo eficiente, productivo, sostenible y con capacidad para generar riqueza". Teresa Mallada, portavoz parlamentaria del PP, dio por sentado que Adrián Barbón "pretende vender como un plan para Asturias lo que son meramente unos cambios estructurales de Gobierno". Y añadió que esta decisión "sin haber cumplido un año en el cargo, es síntoma de que las cosas no marchan bien en el Gobierno de Asturias, es otra muestra de la debilidad política de Barbón". Los populares temen que "la inestabilidad sea la tónica general de este Gobierno", cuando Asturias necesita "un Gobierno fuerte y estable para poder afrontar el futuro con optimismo".
Por Ciudadanos se pronunció también su portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, quien dio "la bienvenida" al presidente regional "al grupo de personas que ya sabemos desde hace años que el sector público asturiano necesita una reforma de su organización, sus funciones y sus costes que lo adapte a las necesidades de la Asturias actual". El partido naranja instó al jefe del Ejecutivo a "que demuestre que es real esta voluntad de reformar e innovar en el sector público empezando por contratar una auditoría de costes que bien puede hacer la Airef, como han hecho otras comunidades autónomas, y siguiendo por implantar los procesos de contabilidad analítica interna que Ciudadanos viene reclamando".
Adrián Pumares, secretario general de Foro, aseveró que "en nuestro programa defendemos un redimensionamiento del sector público, y en ese camino podrán contar con nuestra mano tendida, siempre y cuando la voluntad del Gobierno sea sincera y no un gesto de cara a la galería". Pumares pidió que esta reestructuración del sector público "no deje de lado a los trabajadores públicos interinos" y que "sirva para reducir el número de organismos autonómicos o, al menos, para analizar la conveniencia de reducirlos".
Vox se mostró complaciente con el propósito anunciado por el Presidente regional: "A priori, parece una noticia positiva", valoró Ignacio Blanco, quien detalló su postura: "Valoramos positivamente que se traslade la responsabilidad de Función Pública al vicepresidente del Gobierno regional, el segundo cargo más importante después del Presidente; nos parece una noticia positiva que se tome en serio la reestructuración de la Administración pública".
Desde el PSOE, la portavoz en la Junta Dolores Carcedo -titular en el anterior Gobierno de la Consejería que dirigía el sector público- explicó que "el Gobierno adapta su estructura para afrontar en las mejores condiciones dos importantes retos: la reforma de la Administración autonómica, para que pueda responder mejor a las nuevas necesidades presentes y futuras, y el fortalecimiento de la cohesión territorial, con una planificación de las infraestructuras que dé especial atención a nuestro medio rural".
