Los sindicatos coinciden con el Gobierno del Principado en la necesidad de abordar de inmediato una reforma "en profundidad" de la función pública. Por ello, tienden la mano al vicepresidente, Juan Cofiño, encargado de impulsar los cambios, y se muestran dispuestos a dialogar, a colaborar y a buscar el consenso. Con un matiz importante: respaldarán todo aquello que permita mejorar el funcionamiento de la Administración y los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, pero rechazarán frontalmente los cambios si persiguen únicamente introducir "recortes" o "rebajar sueldos". Y una exigencia más: acabar con los "chiringuitos", que es como denominan a las empresas públicas o mixtas que los dirigentes políticos han utilizado en los últimos decenios para "nombramientos a dedo, en vez de por méritos". Y también con la "hiperinflacción de coordinadores y asesores innecesarios".
Sergio Peña, de CSIF, resaltó que la Ley de la función Pública de 1985 está, "más que obsoleta, caducada", porque ya no da "respuesta" a los problemas de la Administración. "Esa ley se aprobó cuando el Principado tenía 1.500 empleados, y ahora hay cerca de 37.000", así que el Parlamento debe aprobar una nueva ley, que posibilite "una administración del siglo XXI". Y, a la vez, que acabe con la "elevada tasa de interinidad", con la "ausencia de concursos de méritos" y de "promoción", que regule "el teletrabajo", que propicie "la transparencia" y que acabe "con los nombramientos a dedo". Peña apuntó que la administración regional está "prácticamente paralizada a base de sentencias", pues los sindicatos y los particulares llevan 17 años ganando juicios al Principado. La situación "rara" que vive Asturias por la situación de la función pública se entiende, según Peña, con un ejemplo: mientras que en las demás comunidades, y también en el Estado, se firman convenios cada dos o cuatro años, el de Asturias "caducó en 2007".
El mandatario del CSIF resaltó que la mejora de la función pública no tiene que implicar necesariamente un mayor gasto; "puede ocurrir al contrario, que al funcionar mejor la Administración igual hasta sobra dinero". Y es que la Administración está "anquilosada en algunos aspectos", destacó Peña, quien aseguró que la administración está "tan politizada que cada uno defiende su parcela, por lo que la "burocracia ha pasado a ser burrocracia, pero con muchas erres".
De tal manera que en muchos casos "no se está dando respuesta al ciudadano y la Administración e ralentiza y se convierte en ineficaz". E n ocasiones, también, "por el excesivo celo de algunos funcionarios", admitió Peña. Es "justo lo contrario" a lo que necesita Asturias: una administración "rápida, eficaz y eficiente". Y concluyó con un mensaje optimista: "Se puede hacer".
Javier Villa, del Conceyu Por Otra Función Pública n'Asturies, partió de la base de que la reforma de la función pública es "una buena idea" y "necesaria". Pero criticó que hasta ahora el Principado solo haya realizado un "planteamiento vago". No obstante, admitió que, como propugna el Principado, "hay que mejorar la eficiencia, que todo debe funcionar mejor todos y que se debe propiciar la movilidad. En eso estamos todos de acuerdo". Pero todo ello requiere, según Villa, un "análisis de conjunto". De ahí que se muestra "sorprendido" porque se oculte "siempre" la existencia de una "administración paralela", el "sector público empresarial y fundacional", que "también funcionan con dinero público". Son lo que en la calle y entre la oposición se denominan "chiringuitos", entidades públicas o mixtas, pero adscritas al derecho privado, de las que Villa afirma que se desconocen sus plantillas y para las que exige "luz y taquígrafos". Su conclusión es clara: "Hay que incorporar los chiringuitos al análisis de conjunto".
Sobre posibles recortes, Villa afirmó que hay que "matizar mucho", porque quizá sí sean necesarios en entidades como esos "chiringuitos", que en lo últimos decenios han supuesto una "hiperinflacción de coordinadores y asesores, cuya única función es retribuir más a una élite de funcionarios innecesarios". Pero en los últimos presupuestos autonómicos, pese a las promesas del presidente, Adrián Barbón, de que recortaría el número de asesores, la partida dedicada a esta "élite funcionarial" ha aumentado. Un hecho "significativo de lo que se entiende por función pública, indicó Villa, que también destacó el "fracaso" de la carrera profesional, ideada para "incentivar a los que más trabajan", pero que acabó convirtiéndose en "una especie de sexenio" indiscriminado.
El mandatario de Conceyu denunció las "deficiencias estructurales" de la Administración en Asturias, que achacó a diversas causas; entre ellas, "la pésima organización de los servicios, las carencias de personal en algunos departamentos y el déficit en cuanto a la implantación del expediente electrónico. Subrayó que el Principado lleva "un retraso histórico" en materia de administración electrónica, lo que provocó que la pandemia "nos pillara con el pie cambiado". En este aspecto hay "mucho que hablar y que trabajar", dijo. Y como necesidad "fundamental" señaló la de aprobar un nueva ley de la función pública, "con mecanismos nuevos.
