26 de junio de 2020
26.06.2020
La Nueva España
Crisis del coronavirus

Los geriátricos exigen al Principado mantener las pruebas PCR para los nuevos ingresos

Las residencias privadas alertan de que rebajar el control y la vigilancia epidemiológica deja "desprotegidos" a los más vulnerables

26.06.2020 | 01:03
Los geriátricos exigen al Principado mantener las pruebas PCR para los nuevos ingresos

El temor a un nuevo brote por covid-19 tiene con los pelos de punta a los directores de los geriátricos asturianos. El 80 por ciento de los centros privados y concertados se han unido para exigir al Principado que en este periodo denominado de "nueva normalidad" se mantengan las pruebas PCR a todos los nuevos ingresos y también para el personal. En su opinión, levantar estas medidas de control y de vigilancia epidemiológica, que consideran imprescindibles, deja "desprotegidos a los más vulnerables". El Principado está elaborando un protocolo de actuación para los centros geriátricos, que a su vez tienen hasta la semana que viene para redactar su protocolo de funcionamiento interno, en el que deben indicar hasta las medidas de protección individuales y colectivas que tienen en stock.

Aun así, según las residencias privadas y concertadas el fin del estado de alarma ha supuesto la publicación de una nueva normativa en la que se "anula la estrategia desplegada desde Sanidad" durante los meses de la pandemia, y "decaen una serie de medidas que han contribuido decisivamente a frenar el virus en las residencias asturianas".

Los responsables de los geriátricos entienden que se deben mantener las pruebas PCR "inmediatas al ingreso en las residencias", lo que no se contempla en la normativa recientemente publicada por el Principado. En ella sólo se indica que, si el nuevo ingreso procede de un hospital, debe permanecer en aislamiento preventivo (cuarentena) durante siete días, que será cuando se le practique la prueba por covid-19. Los responsables de los geriátricos privados y concertados reclaman que esa prueba "sea inmediata y continúe siendo obligatoria y coordinada por el sistema público de salud, para garantizar la seguridad de todos los residentes, así como establecer una correcta trazabilidad de los potenciales casos positivos que pudieran surgir".

Pero las exigencias de estas residencias van más allá, y reclaman que también se realicen las pruebas a los trabajadores. Según afirman, "son imprescindibles para evitar la transmisión del virus", mientras que el Principado "desvincula el control epidemiológico del sistema de salud, que es quien debe ejercerlo en todo momento". Es decir, el Ejecutivo regional deja en manos de los propios centros la aplicación y control de las medidas de seguridad para evitar que quien tiene síntomas se incorpore a su puesto de trabajo y acuda a los servicios sanitarios. También se exige a los geriátricos que en sus protocolos especifiquen las medidas organizativas del personal y los materiales y recursos de protección con los que cuenta, así como su reserva estratégica.

Los centros residenciales también reclaman al Principado que mantenga la figura del interventor-coordinador sociosanitario, que se implantó en los momentos de la pandemia para conseguir una mayor interacción entre los geriátricos y el sistema de Salud. "Se trata de un enlace básico entre la sanidad pública y las residencias que garantiza la agilidad diagnóstica", aseguran. Es más, califican de "esencial" el papel que desarrollaron para la aplicación de las medidas de prevención y contención del coronavirus.

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