El presidente del Principado, Adrián Barbón, negó las críticas de los sindicatos de funcionarios que piden al Ejecutivo que, si quiere reformar la Administración, recorte en asesores. "Hay mucha demagogia sobre los altos cargos y los asesores, cuando somos una Administración austera. Tenemos 81 altos cargos, incluyendo al Presidente, y 50 asesores de un total de 37.000 empleados públicos", aseguró Barbón. Ayer por la mañana tomaron posesión los consejeros Juan Cofiño y Alejandro Calvo del nuevo reparto de sus carteras. Cofiño asume las competencias de Función Pública y deja las de Infraestructuras, que pasan a Calvo.
"La Administración fue un buen diseño de los años ochenta, pero necesita una puesta a punto", dijo Barbón, quien ofreció "diálogo" para una reforma que "no será de hoy para mañana" y que ha de realizarse de forma "discreta, razonada y negociada". Y un mensaje: "A los funcionarios les digo que esta reforma es la mejor garantía para sus derechos laborales y su empleo".
El Presidente aseguró además que la Consejería de Hacienda concentrará las competencias sobre organismos y entes del sector público y que chequeará el conjunto del sector público autonómico, incluidos consorcios, fundaciones y empresas, para eliminar las duplicidades que se detecten. La reorganización obedece, dijo Barbón, a "un reequilibrio de las competencias tras lo vivido en el covid-19; es ilógico pensar que la estructura diseñada hace un año sirve para actuar en esta situación extraordinaria. Los gobiernos tienen que reaccionar".
Otro de los elementos clave del nuevo organigrama del Ejecutivo será el área de Cohesión Territorial, que el Gobierno ha establecido en la Consejería de Calvo, que se suma a las competencias en Desarrollo Rural. "Si algo ha salido reforzado de la crisis es la vida en los pueblos", señaló Barbón.
La reorganización de carteras de los consejeros Cofiño y Calvo se formalizó en un acto rápido a las nueve y media de la mañana. Apenas duró diez minutos en el patio de columnas del palacio del Conde de Toreno, donde, a continuación, se celebró por primera vez un Consejo de Gobierno presencial tras el estado de alarma para garantizar las medidas de distanciamiento. El Consejo de Gobierno nombró interventor general a José Manuel Senén Casal, hasta ahora secretario general técnico en Desarrollo Rural. Su cargo lo ocupará Sandra González Tejón. También se designó como director general de Servicios Sociales y Mayores a Joaquín Moteagudo Piqueras.
