Casi el 70 por ciento de los profesionales que integran el Servicio de Asistencia Médica Urgente del Principado de Asturias (SAMU) ha solicitado por escrito la destitución del jefe del servicio por lo que consideran su "mala gestión" durante la pandemia por el covid-19. Según consta en el escrito remitido a la directora gerente del Servicio de Salud del Principado, Concepción Saavedra, se han vivido "situaciones límite" frente a "la ausencia de instrucciones, muestras de interés e implicación por parte de la jefatura del SAMU", lo que llevó a "poner en riesgo nuestra salud y la de nuestros pacientes", con demoras de hasta 24 horas en algunas asistencias. Y eso que las primeras advertencias de los profesionales sobre el riesgo que se avecinaba empezó en febrero (el estado de alarma se decretó el 14 de marzo).
El escrito firmado por casi medio centenar de operadores, enfermeros y médicos del SAMU arranca indicando que "la unidad de gestión de Urgencias y Emergencias médicas ha vivido durante esta pandemia, con la que todavía hemos de coexistir, una situación de caos en el SAMU, originada fundamentalmente por la falta de procedimientos, protocolos, información e instrucciones y una carga de trabajo creciente que, en el centro coordinador de emergencias, fue inasumible desde un primer momento".
A partir de ahí, los denunciantes realizan una detallada exposición y relato de los hechos, indicando que "el servicio subsistió gracias a la voluntad y el compromiso individual y de equipo de todos los profesionales que lo integran, operadores, enfermeros y médicos". Y añaden que ellos mismos se han tenido que encargar de realizar "un ejercicio de estudio, improvisación y supervivencia al margen de la jefatura del SAMU, con una transmisión transversal y nunca vertical de la información y de los procedimientos".
Los profesionales aseguran que en el centro coordinador y en las unidades asistenciales se vivieron "situaciones límite derivadas del importante incremento de la demanda asistencial".
Según el relato realizado a la directora gerente del SESPA, a mediados de febrero ya se trasladó a la dirección del SAMU la necesidad de recibir formación sobre los equipos de protección individual contra el covid-19 (epis), y se les negó por innecesario, cerrado el asunto con la organización "de una charla". Se volvió a insistir el 20 de febrero en conversación telefónica, y el resultado también fue negativo al considerar que "la incidencia (del covid-19) era muy baja". Se vuelve a solicitar la formación el 5 de marzo por correo electrónico, sin recibir respuesta. Hasta que ya en la segunda semana de marzo, justo antes de que se decretara el estado de alarma, se "mal organizó" una hora de formación en grupos numerosos y con contenidos heterogéneos.
Finalmente fue el propio personal de la unidad el que realizó una serie de recomendaciones en materia asistencial con la información de la que ellos mismos disponían, y aseguran que los trabajadores, a nivel personal, tuvieron que contactar con los proveedores para consultar sobre el uso de los equipos de protección. Es más, afirman que se dieron casos de "instrucciones, verbales o por escrito pero sin firmar, de no seguir las especificaciones técnicas del material tanto de protección individual como de su uso en pacientes".
Los profesionales aseguran que reclamaron medidas extraordinarias de limpieza y desinfección, pero que no se empezaron a tomar hasta que se declaró un caso positivo. "La jefatura no comunicó a los contactos estrechos la necesidad de aislamiento", denuncian.
El escrito relata la saturación del sistema y de las líneas telefónicas, y que las llamadas urgentes se mezclaban con las consultas por coronavirus, con lo que la atención no era la adecuada. Y eso, aclaran, cuando se podían atender. La respuesta que se dio fue con la contratación de operadores sin formación, y de un importante número de enfermeros, también sin formación programada y sin supervisión de la dirección ni de otras instancias. Se solicitó la rotación voluntaria a los enfermeros asistenciales del servicio del centro operativo de urgencias y, pese a la respuesta positiva, solo se permitió realizar turnos aislados, mientras que los recién contratados hacían lo que podían. Se contrataron, añaden en su denuncia, médicos extracomunitarios sin título homologado y, por tanto, con competencias limitadas. No hubo ni siquiera información ni control sobre las ambulancias que realizaban los traslados. La lista de denuncias ocupa varios folios, todos ellos en el mismo sentido.
