El Gobierno del Principado ha abierto el procedimiento para contratar un gran diagnóstico integral de los 4.202 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica. El proyecto, que tiene abierto el plazo de presentación de ofertas hasta el próximo día 13 de julio, prevé un gasto de casi 100.000 euros y exige un plazo de ejecución de dos meses y medio. Se pide un análisis completo del estado en el que se encuentran los viales y una propuesta de actuaciones detallada con vistas a la elaboración, en la última fase del proceso, de un plan de conservación y mantenimiento de la red viaria regional.
De la empresa que resulte ganadora del concurso se requerirá una inspección completa de la malla de carreteras y una determinación de las tareas de arreglo y cuidado que se consideran necesarias, con su estimación de costes. El documento se solicita en un momento de fuerte controversia respecto al estado de deterioro y los proyectos que maneja el Principado para algunas carreteras de la región -la que recorre el valle del Navia o la que une Valdés y Villayón, entre otras- y el consejero de Infraestructuras saliente, Juan Cofiño, esperaba antes de su relevo que este estudio le sirviera para "revisar las prioridades" de un departamento que acaba de caer en las manos del titular de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo.
El plazo planteado para ejecutar el diagnóstico y evaluar las propuestas de tratamiento empezará, según las prescripciones técnicas del proyecto, poniendo al Principado al corriente de la metodología y el plan de trabajo que seguirá la empresa adjudicataria. El contratista se obligará a continuación a inspeccionar los 4.200 kilómetros de carreteras analizando la estructura de la vía y sus condiciones de firme, drenaje y estructuras de contención de taludes, seguridad o señalización, entre otros parámetros que serán trasladados a una ficha por cada calzada en la que se harán constar de forma individualizada sus características y deficiencias. Se plantea por ejemplo la necesidad de dejar "constancia gráfica de aquellos tramos que estén en peor estado".
El documento deberá asimismo valorar el coste de las intervenciones de mejora que se propongan con el propósito de obtener una estimación media de la inversión que necesita cada una de las vías de la red, tanto para el arreglo de los desperfectos identificados como para su mantenimiento. En la línea de la redefinición de "prioridades" señalada por Cofiño, también se requiere del contratista una propuesta de jerarquización de las intervenciones. Como última línea de llegada, la fase final del proceso plantea la recopilación de todo lo observado y las conclusiones en un plan de conservación y mantenimiento de toda la red viaria regional cuyo diseño incluirá, según las prescripciones establecidas por el Principado, "una planificación para la realización del mismo, es decir, deberá llevar un programa de trabajos indicando la duración de cada actuación y su orden de prioridad".
El Gobierno del Principado justifica la contratación externa de la elaboración del documento en la convicción de que "los medios personales y técnicos del Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras de la Dirección General de Infraestructuras son insuficientes" para abordar estas labores, cuyo coste se evalúa en 99.800 euros, IVA incluido, y sus necesidades de personal, en al menos cinco trabajadores: dos ingenieros de caminos, dos ingenieros técnicos de obras públicas y un ingeniero en Topografía.
