Teresa Mallada es la segunda diputada autonómica investigada por una supuesta prevaricación administrativa en los últimos años. Ángel González, portavoz de Izquierda Unida en la legislatura que arrancó en 2012, fue desposeído de su escaño en 2014 tras ser condenado por una decisión adoptada cuando era viceconsejero de Bienestar en relación a un contrato para señalizar fosas de la Guerra Civil. El por entonces parlamentario de IU resultó condenado a 7 años de inhabilitación por desoír los reparos y advertencias de una jefa de servicio, quien le indicó que el contrato de adquisición de monolitos debía materializarse mediante un procedimiento negociado y no por un contrato menor. La sala, presidida por Ignacio Vidau -magistrado que instruye ahora la causa de esta pieza separada del caso Hulla-, dictó sentencia condenatoria que acarreó la pérdida del acta de diputado.