"Voté asesorada jurídicamente". La portavoz del PP en la Junta General, Teresa Mallada, se reafirmó ayer en su participación en el pleno de la corporación de Aller que aprobó por unanimidad la cesión gratuita de unos terrenos en Felechosa (Aller) para el macrogeriátrico del Montepío de la Minería. Una decisión política -la de todos los ediles alleranos de por aquel entonces- bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción después de que en esa construcción esté la supuesta procedencia del algo más de millón de euros que el exlíder sindical José Ángel Fernández Villa trató de regularizar, aprovechando la amnistía fiscal del ministro Cristóbal Montoro, en 2012. La diputada ha comparecido esta mañana por primera vez para prestar declaración sobre esta pieza separada del "caso Hulla", en el que se investiga al exlíder minero, peso pesado del PSOE asturiano durante tres décadas.

La dirigente popular era portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aller -estaba en la oposición municipal- cuando el Pleno de la Corporación aprobó la compra de una parcela en Felechosa y su posterior cesión gratuita al Montepío para la construcción con fondos mineros de una residencia geriátrica, pese a los informes contrarios de la Secretaría y la Intervención municipales, que formularon reparos a dicha operación. La instrucción de este caso ha recaído ahora en la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por la condición de aforada de Teresa Mallada al ser ahora diputada autonómica en la actualidad.

"Estoy satisfecha por el sentido de responsabilidad de haber podido explicar las razones por las que voté, junto con los concejales de mi grupo y el resto de la Corporación, a favor de la cesión que, a día de hoy, hace que Felechosa tenga una residencia de ancianos con 160 usuarios y casi 100 empleos", afirmó la portavoz popular en la Junta, solo minutos después de concluir su declaración en el TSJA. Mallada contestó a las preguntas formuladas por el magistrado Ignacio Vidau, la Fiscalía y su abogado defensor, Ignacio Álvarez Buylla, pero declinó responder al resto de partes personadas en la causa, como el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción (OCAN).

"Soy una persona responsable, que medita todas sus actuaciones, y estaba perfectamente asesorada de que lo que estaba haciendo en ese momento era lo que debía hacer", manifestó Teresa Mallada, quien ha apelado a la prudencia al ser preguntada sobre si era optimista acerca de la decisión que pueda adoptar la Sala sobre si esta pieza separada del "caso Hulla" debe llegar a juicio o, por el contrario, ha de ser sobreseída.

"Es algo que tenía pendiente y cuanto antes, mejor", ha afirmado la portavoz del PP en la Junta sobre si estaba más tranquila tras haber prestado declaración judicial por primera vez en este caso. Antes de entrar a declarar ya había dicho, brevemente, estar "animada" y "con ganas".

Su abogado Ignacio Álvarez Buylla ha anunciado que presentará un dictamen de un catedrático de Derecho Administrativo donde se sostiene que contradecir un informe de la Secretaría Municipal no es motivo para fundamentar una sentencia condenatoria por prevaricación administrativa, imputación que sostiene en esta instrucción la Fiscalía, además de las acusaciones particulares. "Esta es una cuestión más jurídico administrativa que penal", afirmó el abogado de Mallada, que además lleva la defensa de los concejales del PP e IU, investigados por votar también a favor de esa operación.

La declaración de Teresa Mallada se produce después de las realizadas por los exalcaldes de Aller y el resto de la Corporación, que adujeron razones de interés general para aprobar la cesión de esos terrenos y facilitar la tramitación de la construcción del macrogeriátrico en el concejo de Aller. Ahora, el TSJA, encargado de esta instrucción, podrá pedir más declaraciones o bien emitir un auto en el que decida si abre procedimiento abreviado o sobresee este asunto.