La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Superior Justicia de Asturias (TSJA) que continúe con el procedimiento judicial abierto contra la corporación municipal de Aller entre 2008 y 2010, de la que formaba parte la portavoz del PP en el parlamento asturiano, Teresa Mallada, por la cesión gratuita de los terrenos para construir una residencia geriátrica que contó con el voto a favor de todos los miembros pese a los reparos de la Intervención.
En su escrito, la Fiscalía atribuye los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y prevaricación urbanística a los 17 concejales de la corporación y, como inductor, a José Antonio Postigo, entonces presidente del Montepío de la Minería que ejecutó las obras de construcción del geriátrico con fondos públicos.
La construcción de ese equipamiento con cargo a los fondos mineros está en el foco de la investigación abierta en el denominado caso Hulla para determinar el origen de los 1,2 millones de euros y los 436.000 que regularizaron, respectivamente, el ex secretario general del sindicato SOMA-UGT y ex dirigente del PSOE José Ángel Fernández Villa, y José Antonio Postigo.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo que lleva la causa había solicitado la formación de una pieza separada del caso Hulla dada la condición de aforada de Mallada, que el pasado lunes prestó declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
La Fiscalía, que atribuye a Mallada y al resto de los investigados los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y prevaricación urbanística, considera que su conducta fue "indiciariamente arbitraria y carece de la menor justificación jurídica" y se opone a la petición de la diputada popular para el sobreseimiento y archivo de las diligencias seguidas contra ella.
En un escrito remitido al TSJA, Anticorrupción señala que las afirmaciones de la portavoz popular de que basaba su voto en la "oportunidad política y de índole social" que suponía la construcción del geriátrico "en nada puede servir de fundamento". Según la Fiscalía, Mallada no aportó justificación alguna para "el inmotivado levantamiento" de los reparos de los técnicos sin que legitime su actuación el hecho que esa fuera una dinámica habitual en el Ayuntamiento, donde era portavoz del PP, que se encontraba en la oposición en una corporación gobernaba por el PSOE, ambos con 7 concejales y donde IU tenía tres.
El escrito señala que, a pesar de las advertencias de los técnicos, Mallada no ha justificado las razones para que el Ayuntamiento ejerciera de intermediario con la finca y no supo dar razón "de por qué votó a favor" cuando ni siquiera se incoaron los expedientes administrativos pertinentes ni se incorporaron los informes preceptivos como habían informado los técnicos municipales.
La Fiscalía señala que la actual diputada del PP y candidata en las elecciones autonómicas se apoya para validar su actuación en un informe externo del Montepío "que nadie en este procedimiento ha visto" y que pudiera estar "en entredicho" ante el conflicto de intereses existente. Además, incide en que, al final de su declaración, Mallada señaló que, si bien lo prudente hubiera sido abstenerse, no podía dejar de hacerlo si era beneficioso para el municipio y que contaba, "doce años después de los hechos", con un dictamen jurídico de un catedrático que amparaba su actuación y que, sobre esa base, hoy volvería a votar a favor.
Con su declaración, asegura la Fiscalía, Mallada corroboró que su voto favorable "respondía a motivos de oportunidad política, como la totalidad de los investigados" y añade que, por muy beneficioso que pudiera ser el proyecto para los vecinos, se hizo al margen de la legalidad, una conducta "tan indiciariamente arbitraria que carece de la menor justificación jurídica".
