El uso de la mascarilla es más obligatorio en Asturias desde la tarde de ayer, cuando el Boletín Oficial del Principado (BOPA) publicó una resolución de la Consejería de Salud aprobada horas antes por el Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria. La nueva norma impone el empleo de la prenda de protección frente al covid-19 a todas las personas mayores de seis años, con independencia de que se pueda mantener la distancia de seguridad establecida para evitar contagios. Se aplicará en las vías públicas de los núcleos urbanos y también en los rurales cuando exista una aglomeración y no sea posible guardar la separación adecuada.
Las sanciones por incumplir esta resolución podrán alcanzar los 100 euros. Un elemento de indefinición muy relevante se centra en qué se considera "aglomeración". Esta apreciación "corresponderá a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los órganos autonómicos y locales competentes", indica el anexo de la normativa. ¿Quiénes se encargarán de vigilar el cumplimiento de estas medidas? Los servicios de inspección municipales y autonómicos.
El Ejecutivo asturiano ha decidido endurecer la normativa precedente "al detectarse una cierta relajación en el cumplimiento de las medidas de protección y debido a la proliferación de brotes". Del cumplimiento de la misma quedan exentas aquellas personas que por problemas de salud, dificultades respiratorias o alteraciones de conducta no puedan llevar la mascarilla. Para ello, "no necesitarán obtener un justificante médico, sino que bastará con que firmen una declaración responsable que acredite la causa de la exención", señaló el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, quien agregó que esta decisión obedece a la voluntad de "no saturar el sistema sanitario".
"Esta norma va a contribuir a que los ciudadanos se sientan más protegidos ahora que vienen personas de otras zonas de España y de fuera, donde hay brotes, y también ante el posible incremento de casos en otoño e invierno", destacó el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz.
Rafael Cofiño subrayó que la norma es "sensata y no cae en extremismos". Y puntualizó: "Lógicamente, no tiene sentido obligar a llevar mascarilla para pasear por un espacio abierto en el que haya una densidad muy baja de gente".
Junto con la ampliación del uso obligatorio de la mascarilla, el acuerdo actualiza la resolución aprobada por el Gobierno tras finalizar el estado de alarma y añade algunos cambios. Por ejemplo, recomienda cancelar o posponer cualquier actividad que no sea considerada fundamental y que pudiera ser postergable. Asimismo, modifica el aforo en reuniones familiares y sociales para limitarlo a grupos de un máximo de 50 personas al aire libre y de 25 personas en espacios cerrados, excepto en el caso de personas convivientes.
Por otra parte, cambia la regulación de butacas preasignadas para personas convivientes en cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, así como en recintos al aire libre y otros locales y establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales. A partir de ahora, las butacas podrán ser individuales o en grupos de dos a cuatro personas. En cuanto a las recomendaciones para el desarrollo de actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil, estas deberán realizarse preferentemente al aire libre.
Las policías locales extremarán la vigilancia del uso de mascarillas
Las policías locales de los ayuntamientos asturianos serán "activas" en la colaboración del uso de las mascarillas en las vías públicas y para evitar aglomeraciones. Además, las fuerzas de seguridad podrán imponer sanciones de 100 euros, que se tramitarán ante Salud Pública.
El consejero de Salud, Pablo Fernández, y el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, mantuvieron ayer una reunión telemática con unos 60 alcaldes asturianos a los que agradecieron la colaboración prestada al Ejecutivo regional durante la pandemia. A continuación, les explicaron la nueva normativa, vigente desde ayer en el Principado, que obliga al uso de la mascarilla en las áreas públicas urbanas se mantenga o no la distancia de seguridad y en los núcleos con mucha afluencia de personas, como los espacios rurales turísticos.
Fuentes de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) señalaron que el Consejero "ha pedido la colaboración de los ayuntamientos fundamentalmente para que la población adquiera la costumbre de utilizar la mascarilla de manera habitual". Se trata, matizaron, "de que cuando llegue el otoño todo el mundo tenga la costumbre de utilizar la mascarilla, porque se teme que a partir de entonces la situación sanitaria se pueda complicar".
Fueron los propios regidores los que durante el encuentro virtual plantearon varias cuestiones, como las referentes a la posibilidad de imponer sanciones a quienes incumplan la normativa. Se trata, explicaron el Consejero y el director general de Salud Pública, de no llegar al extremismo, pero incidieron en que "lo fundamental es evitar aglomeraciones".
Eso se traducirá, si se tiene en cuenta el texto de la normativa publicada en el BOPA, en que las policías locales serán activas, al igual que el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los representantes del Ejecutivo regional explicaron que las sanciones figuran reguladas con una cuantía de 100 euros, y que se tramitarán ante Salud Pública en el Principado como una materia de incumplimiento de salud pública. Sería similar a las denuncias por venta de tabaco o el consumo de alcohol en la vía pública, explicaron las fuentes consultadas en la Federación Asturiana de Concejos.
Los ayuntamientos continúan pendientes de la resolución del Principado en lo que se refiere a las fiestas para cuya celebración se había solicitado permiso. Son los técnicos los que establecen los criterios y en base a ellos se concederá o no autorización o serán los propios organizadores los que decidan si las celebran o las adaptan según las exigencias que se establezcan.
La comisión de técnicos es la misma que analizó las circunstancias para la celebración de la Feria de Muestras, que el Principado ha decidido no autorizar "por razones de seguridad pública", según aseveró el Presidente, Adrián Barbón.
