Las administraciones públicas deben adoptar "decisiones rápidas y ágiles" que mitiguen los efectos que la "incertidumbre económica" provocada por la pandemia de covid-19 en los sectores de la planificación territorial y la gestión y construcción de infraestructuras. Hay que "invertir en obra pública", fue el llamamiento realizado ayer por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para afrontar "una fase de crisis económica de duración incierta".

"Ante esta situación ningún sector social ni económico, puede permanecer impasible", apunta el Colegio. "Sabemos que es difícil reclamar nuevas cantidades de inversión adicional compatibles con las inminentes necesidades de reactivación de nuestra economía, pero es de sobra conocido que la inversión en obra pública es una forma tradicional de generar actividad económica, con importante retorno de las inversiones a la Hacienda pública y con rápido impacto en la creación de empleo".

Con esa premisa, el Colegio pide a los dirigentes políticos que actúen ya a corto plazo, no cayendo "en la tentación de derivar los fondos de inversión previstos, ni renunciar a aquellas inversiones que llevan años planificándose". Porque "frenar la inversión para pagar la factura social es muy probable que acabe en aumento de los niveles de desempleo y nos haga entrar en un círculo vicioso económicamente destructivo", señalan los ingenieros, que apuestan, por el contrario, por "mantener el foco sobre la inversión pública prevista, intentando agilizar los plazos administrativos, que en buena parte se han visto demorados por su suspensión durante el estado de alarma, y que obligarán al 'reestudio' de las anualidades de esas obras que ya no dará tiempo a licitar o adjudicar este año", añade.

El colectivo opina que "deslizar" las anualidades previstas para la obra pública a 2021 será un "mal menor" comparado con "la supresión de las inversiones". Sí consideran los ingenieros que es el momento de que las administraciones sean "sensibles a la necesidad de agilizar los plazos de licitación". Admiten que resulta "legalmente complicado" y lamentan que el Gobierno de España no haya adoptado "medida legislativa alguna durante el estado de alarma que permitiera una mayor rapidez de tramitación".

Pero matizan que en la legislación de contratos existen herramientas que podrían "mejorar la velocidad de contratación", como decretar por motivos económicos la tramitación urgente de inversiones destinadas a paliar "necesidades sociales que no admiten más demora". Y añaden que decretos del Gobierno autonómico o de los alcaldes podrían ser "medidas de gran utilidad".

Piden a los ayuntamientos que presionen al Gobierno de España para que "defina y liberalice lo antes posible" los remanentes de tesorería para todo tipo de inversiones, espacialmente para "la recuperación rural" y para inversiones relacionadas con el ciclo integral del agua.

"A medio plazo los programas de inversión pueden ser más amplios e incorporar las inversiones necesarias en la Agenda verde 2030, las energías renovables o la transformación digital que redunde en una mayor agilidad de las Administraciones", añade el Colegio, que se pone a disposición de los ayuntamientos para "asesorar o colaborar" en la planificación de inversiones en materia de infraestructuras y en la priorización de las mismas, "de forma que desde la administración local se realice un esfuerzo sostenido en el próximo quinquenio en materia de inversión pública".