Asturias se juega en las negociaciones que mantiene el Gobierno español en Bruselas la viabilidad de sus cuentas autonómicas de este año y, como mínimo, de 2021, heridas por el impacto económico de la crisis del covid-19. El impacto en las cuentas regionales, cumplido el primer semestre del año, ya va por los 300 millones de euros y los ingresos, lejos de recuperarse, han entrado en un túnel del que, por ahora, no se vislumbra la salida ni un atisbo de luz. En este contexto, el fondo de recuperación, que se negocia estos días en la Unión Europea, resulta vital para la sostenibilidad de las cuentas públicas en un marco de recesión económica como el que se avecina.
El Principado contaba para este ejercicio con un presupuesto de 4.757 millones de euros, el más alto de la última década tras el acusado descenso de recursos que siguió a la recesión de 2010, año en el que las cuentas de la administración autonómica eran de 4.600 millones de euros. Pero la crisis económica y los ajustes derivados provocaron una contracción en el Presupuesto regional que cayó hasta los 3.808 millones en 2013. La recuperación paulatina a partir de 2014 se tradujo en ligeros incrementos que no volvieron a aproximar la cifra global a la existente antes de la recesión hasta el pasado año, cuando las cuentas autonómicas ascendieron a 4.524 millones.
El incremento de la factura en costes de personal, para añadir 103 millones por la devolución de derechos, propició el Presupuesto récord de 4.757 millones. Pero esta previsión, realizada sin el soporte de las estimaciones del Ministerio de Hacienda por estar en funciones, rompió en añicos por el impacto del covid-19. Tanto el presidente Adrián Barbón como la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, han ido actualizando la repercusión del coronavirus en las cuentas para alcanzar ya los 300 millones de euros entre, por un lado, la caída de ingresos y, por otro, el gasto adicional.
El Gobierno regional está en pleno proceso de reordenar el Presupuesto de este año, para ajustarlo a la situación sobrevenida, en un período en el que, en condiciones de normalidad, estaría inmerso en el cálculo del techo de gasto para 2021. La inyección económica que venga del fondo de recuperación de la UE se presume indispensable para que las autonomías puedan cuadrar sus cuentas, con un elevado componente de gasto social.
