En un nuevo capítulo de su tira y afloja con los ayuntamientos a cuenta de las condiciones en las que municipios van a poder disponer de sus ahorros, el Ministerio de Hacienda quiso aplacar los ánimos con una contraoferta en la que se aviene a que, "excepcionalmente", no se exija este año a las corporaciones locales el cumplimiento de la regla de gasto. El departamento que dirige María Jesús Montero responde así a una de las demandas de los municipios, pero no modifica su controvertida propuesta inicial sobre el método de inversión de los remanentes y superávits generados por los ayuntamientos y retenidos por las reglas de estabilidad impuestas tras la crisis de 2008.
La flexibilización de la regla de gasto es la principal innovación del nuevo documento que Hacienda ha remitido y está negociando con la cúpula de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que no reniega del planteamiento inicial. Según éste, se permitiría a los ayuntamientos disponer este año y el próximo de un porcentaje de la cantidad total que tienen ahorrada -aproximadamente un tercio, unos 160 millones en el caso de los asturianos- siempre que el resto le fuese transferido al Estado bajo la fórmula de un préstamo que les sería devuelto en diez años a contar desde 2022. Recibirían estas cantidades en forma de ingresos no financieros para que las pudiesen invertir sin incurrir en déficit.
La rectificación de esa propuesta es la gran exigencia de algunos ayuntamientos, sobre todo de los del PP, pero también de otros de casi todo el espectro político. Los alcaldes populares se apresuraron a asegurar ayer que el nuevo planteamiento del Gobierno respecto a la regla de gasto no contiene ninguna concesión, porque ya daban por hecho que en la actual situación de crisis todas las administraciones iban a incumplirla. Consideran además que la suspensión de la regla de gasto este año es insuficiente y debería ser extensible a 2021, porque es entonces cuando se sufrirán las consecuencias por la bajada de la recaudación y porque así se recoge en el texto aprobado esta semana en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados.
La Federación Asturiana de Concejos (FACC) renunció ayer a valorar la oferta a la espera de concreciones en un proceso de negociación que sigue abierto y que puede empezar a tener algunas respuestas el próximo martes, en la reunión de la junta de gobierno de la FEMP.
La federación que preside el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, avala una propuesta que fue tan fuertemente contestada que el regidor vigués se vio obligado a posponer el encuentro del pasado viernes en el que el planteamiento debería haber sido evaluado. Ante la certeza de la falta de apoyos para sacar la iniciativa adelante -La junta de gobierno se compone de 25 miembros: 12 del PSOE, 10 del PP y uno de Ciudadanos, IU-Podemos el PdeCat-, Caballero se dio un tiempo que ha consumido toda esta semana para tratar de aplacar los ánimos en el municipalismo español, fuertemente dividido ante una oferta que en Asturias ha recibido duras críticas de PP e IU y ha generado un significativo silencio en público de los alcaldes de los grandes ayuntamientos socialistas.
El portavoz del PP en la FEMP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, pidió ayer que la negociación se abra a todos los partidos políticos, porque, si ésta es la propuesta última, "es inaceptable". Para él, la propuesta se resume en que los ayuntamientos pierden en 2020 y 2021 el 65 por ciento de sus ahorros, que sin embargo gana el Estado en liquidez.
