La solución de urgencia del Principado para acabar con el enorme atasco que originó el parón de actividad por la crisis del coronavirus en las estaciones de ITV de Asturias va camino de desembocar en un embotellamiento aún mayor. La plantilla respondió a las pretensiones del Gobierno regional de querer ampliar dos horas al día el servicio y de que estas estaciones abran también los sábados para aliviar la congestión de la lista de espera -en algunas estaciones la demora en las citas para pasar la inspección de vehículos llega a enero- con la convocatoria de una huelga indefinida, que se iniciará el 3 de agosto. Los sindicatos critican los malos modos del Principado, que, denuncian, quiere llevar a cabo esa ampliación de horarios mediante un método de dudosa legalidad ya rechazado en otras regiones.

El responsable de acción sindical de CC OO, Manuel Pérez Uría, asegura que la Consejería de Industria -de la que depende este servicio- pretende que los empleados recuperen las horas que no trabajaron en marzo y abril, los dos meses en los que la población estuvo confinada. "Quieren que la devuelvan como si fuera jornada irregular (agrupando hasta un 10% de las horas no trabajadas)", asegura. "Por eso estamos pensando en llevarlos a los Juzgados", añade. Es más, apuntan que en Andalucía también se planteó esta misma fórmula y el PSOE de aquella comunidad protestó enérgicamente contra la medida. Al final allí se dio marcha atrás.

El problema en la ITV, denuncian, viene de bastante más atrás. De hecho, la plantilla ya estuvo a punto de ir a la huelga a finales del año pasado para exigir a la Administración que -como personal público que son- les devolvieran la jornada de 35 horas semanales como al resto de funcionarios. La presión surtió efecto y los nuevos horarios comenzarán el 1 de octubre. Los sindicatos critican también que la ITV necesita más personal para ser más efectivos a la hora de dar salida a la enorme lista de espera. Uría estima que sería necesario, como mínimo, fichar a 30 técnicos. Ahora, la plantilla está formada por 250 empleados, un 20% de interinos. "Tenemos carga de trabajo, pero también llevamos mucho tiempo exigiendo que se contrate nuevo personal", señaló Enrique Martín Rosete, representante de CSIF.