La Sala II del Tribunal Supremo ratificó ayer la condena de tres años de prisión para José Ángel Fernández Villa, ex secretario general del SOMA-UGT por un delito continuado de apropiación indebida de fondos del sindicato, además de una indemnización de 425.000 euros al sindicato minero. El alto tribunal desestima íntegramente el recurso de Fernández Villa contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, de 19 de septiembre de 2018, que le impuso además por el mismo delito una multa de 24.000 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

El alto tribunal también ratificó la pena de 2 años de prisión y 2.400 euros de multa para Pedro Castillejo, exsecretario del patronato de la Fundación INFIDE y por aquel entonces mano derecha de Villa en ella, por otro delito continuado de apropiación indebida. También se mantiene el abono de una indemnización de 114.954 euros a dicha institución.

Villa mantuvo siempre su inocencia, pero según el Tribunal Supremo, entre 1989 y 2001 se quedó con 234.462 euros procedentes de las dietas que Hunosa pagaba mediante cheques a los miembros del sindicato por la asistencia al comité intercentros. A partir de febrero de 2001, la empresa pasó a abonar mediante transferencia bancaria, de modo que Fernández Villa abrió una cuenta a nombre del SOMA, desde la que transfería el dinero recibido a otra, también del sindicato minero. En ellas entró dinero de kilometraje y dietas, pero también de adquisición, mantenimiento, reparación, seguros, carburante y multas de dos vehículos Mitsubishi a su nombre, y facturas del móvil, comidas en restaurantes, puros, sombreros y perfumes entre otros objetos

También ratifica el Supremo que desde1989 hasta 2012, prevaliéndose del ejercicio de sus cargos sindicales, hizo suyas diversas cantidades de las organizaciones que representaba, no dándoles el destino que les correspondía, existiendo un dolo de continuidad en todos los hechos.