La contienda política entre ayuntamientos y partidos por el uso de los ahorros municipales seguirá en el Congreso con amenaza de tormenta. Ayer, el frente de alcaldes contrario al acuerdo para la cesión al Estado de los remanentes de los concejos puso en duda las posibilidades de éxito parlamentario de una norma que tras su aprobación en el Consejo de Ministros debe pasar el trámite de la convalidación en la Cámara Baja. Tras una reunión telemática auspiciada por el alcalde de Zaragoza, el popular Jorge Azcón, regidores de diez ciudades que lo son en representación de ocho partidos advirtieron al Gobierno de que sus formaciones suman votos suficientes para desbaratar la operación en el Congreso. Suscribieron un manifiesto que deja patente su abierta oposición al mecanismo de compensaciones a cambio del préstamo de los ahorros municipales al Estado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pactó con el Ministerio de Hacienda tras darla de paso con el único respaldo de los alcaldes del PSOE.

Alrededor de los regidores populares de Madrid, Zaragoza y Murcia se encontraron ayer alcaldes de extracción política dispar: Ciudadanos (Granada), ERC (Lérida), PDCat (Reus), PNV (Bilbao), Coalición Canaria (Santa Cruz de Tenerife), BNG (Pontevedra) y el entorno de Podemos (Cádiz). Pactaron un texto que entienden como "una ofensiva municipal que no entiende de colores políticos" contra un acuerdo que, advierten, en las circunstancias actuales no saldrá adelante en la tramitación parlamentaria.

El resultado de esa votación, eso sí, dependerá de negociaciones políticas a otro nivel, por lo que puede que la aritmética no esté tan clara, pero mientras tanto ellos siguen adelante en una estrategia cuyo siguiente paso buscará más apoyos remitiendo el documento a todos los alcaldes de capitales de provincia y municipios de más de 100.000 habitantes con una invitación a una nueva reunión en septiembre. Los coaligados contra el decreto, que pedirán también un encuentro con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hablan de la "insolidaridad" de un proyecto de auxilio financiero que excluye a los ayuntamientos sin remanentes y que, a su juicio, es "injusto" con los que sí los tienen. Piden el gasto libre de los ahorros acumulados mientras tratan de acentuar la soledad del PSOE.

El convenio, que salió adelante en la FEMP con el respaldo de los socialistas y una abstención táctica de los representantes de Unidas Podemos, establece que los ayuntamientos que acepten transferir todos sus ahorros al Estado bajo la forma de un préstamo se repartirán 5.000 millones de euros adicionales para gastar este año y el próximo, de los que unos cien corresponderían a los ayuntamientos asturianos. El crédito les sería devuelto a partir de 2022 en un plazo que la FEMP y el Gobierno pactaron en diez años, pero que se amplió a quince en la versión del Real Decreto que esta semana publicó el Boletín Oficial del Estado.

El PSOE atribuye la disonancia a un error que será corregido, pero mientras tanto éste es otro de los múltiples frentes que mantienen en el aire el conflicto de los remanentes, en el que volvió a entrar ayer el PP asturiano. Después de una reunión telemática que la portavoz en la Junta, Teresa Mallada, compartió con representantes de los siete ayuntamientos que gobiernan y con el vicesecretario general del partido, Antonio González Terol, los populares anunciaron la presentación de una iniciativa para tratar de que el parlamento asturiano "se posicione en contra de la maniobra del Gobierno de Pedro Sánchez para apropiarse de los ahorros municipales". Mallada reincidió en su rechazo "a la expropiación que ya ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez" y apeló directamente al presidente del Principado, Adrián Barbón, al que exigió que "no se esconda y dé la cara por los ayuntamientos asturianos, a los que tiene marginados". "Una vez más", sigue la diputada, "Barbón no ha defendido los intereses de Asturias frente a su partido".