El Gobierno asturiano no prevé quitar la subida del 2 por ciento de este año a sus empleados públicos, una medida que sí ha decidido Baleares para compensar la caída de ingresos y el aumento del gasto sanitario como consecuencia de la crisis del coronavirus. La plantilla autonómica ha cobrado ese incremento a partir de la nómina de febrero, aunque tenía carácter retroactivo desde el 1 de enero, por lo que se aplica a los haberes de todo el año, con un coste global de 35,8 millones de euros.
El Govern balear, un tripartito formado por el PSOE, una coalición de ámbito mallorquín y Podemos, aprobó el pasado viernes un recorte del 2 por ciento en las nóminas de sus empleados autonómicos, que tenía como objetivo neutralizar la subida idéntica, derivada del acuerdo estatal alcanzado en la época de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda y Función Pública para el trienio 2018-2020, que preveía aumentos salariales del 1,75%, del 2,25% y del 2%, respectivamente. Este pacto, rubricado por el Gobierno central con los sindicatos mayoritarios CC OO, UGT y CSIF, vinculaba además incrementos salariales adicionales al crecimiento de la economía, en función de la evolución del PIB. La crisis por el covid-19 impedirá que los empleados públicos puedan percibir un incremento adicional del 0,55 por ciento, que estaba pactado en el caso de que este año se cumpliera el objetivo de estabilidad presupuestaria, algo imposible ahora por el impacto económico de esta crisis sanitaria.
En algunos sindicatos cundió el temor a que la iniciativa del Ejecutivo balear, que se materializa mediante el recorte de complementos salariales de naturaleza autonómica, pudiera acarrear un efecto dominó en otros gobiernos regionales, afectados de manera general por la caída de ingresos por la crisis del coronavirus. El Principado "no tiene previsto" adoptar una medida similar, fue la escueta declaración realizada ayer por un portavoz del Gobierno asturiano, al hilo de la implantada por Baleares. El Ejecutivo de Adrián Barbón mantiene la misma línea de meses atrás, cuando ya se especuló con la posibilidad de que el calado de la crisis económica por el covid-19 pudiera obligar a tomar medidas adicionales que pudieran afectar a los capítulos de ingresos y gastos.
El periodo de confinamiento, la "hibernación" de la economía y la necesidad de elevar el gasto tanto en personal como en material sanitario han pasado facturas a las arcas del Principado cuya estimación provisional ya se sitúa en los 300 millones de euros, y subiendo, según los datos ofrecidos en los últimos meses tanto por el presidente del Principado, Adrián Barbón, como por la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba. Una cifra que engloba tanto la caída de ingresos como el aumento del gasto sanitario.
"No es deseable, pero es necesaria para sostener las cuentas", argumentó la consejera de Administraciones Públicas balear, Isabel Castro, para justificar una medida que afecta a 34.000 funcionarios y supone un ahorro de unos 40 millones de euros, en un complejo escenario con una caída de ingresos de entre 370 y 430 millones de euros. La Consejera añadió que se trataba de un ajuste similar al adoptado en empresas del sector privado, pero los sindicatos de la función pública fueron críticos con una decisión que, a su juicio, no se vio correspondida con la retirada del complemento de residencia que cobran los miembros del Govern que tienen su domicilio habitual fuera de la isla de Mallorca.
El temor sindical a bajadas salariales masivas que suponen macroahorros en el capítulo 1 (gastos de personal) de las administraciones tiene su antecedente más cercano en la gran recesión que sacudió a la economía española entre 2010 y 2012. Los primeros recortes llegaron con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, pero tuvieron continuidad en el inicio del mandato de Mariano Rajoy. Aquellos "tijeretazos" tuvieron traslado inmediato a los empleados públicos de todas las administraciones.
Independientemente de recortes coyunturales, el Gobierno asturiano planteó semanas atrás la necesidad de acometer una reforma de la Administración regional ante la imposibilidad, según planteó Barbón, de que el Principado asuma, como en 2020, un incremento de 110 millones en el capítulo de personal, aunque subrayó que no sería a costa del empleo.
