El Gobierno del Principado evalúa el encaje jurídico de la senda que acaba de abrir la Xunta de Galicia estableciendo la prohibición de fumar en espacios abiertos siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad. La portavoz del Ejecutivo asturiano, Melania Álvarez, ha asegurado esta mañana que el gabinete que preside Adrián Barbón no descarta imitar el ejemplo gallego De momento, dice Álvarez, la prohibición “se valora. En el ámbito sanitario, hay informes que avalan esa decisión, otros no tanto, y nosotros valoramos el alcance de la medida desde el punto de vista sanitario mientras al mismo tiempo tratamos de ver hasta qué punto tendríamos posibilidad de adoptarla” en una discusión jurídica que debate “respecto a qué norma” se podría dictar, sin aclarar aún si podría ser enmarcada en la reforma en proceso de la ley de salud pública para poder implantar sanciones administrativas que castiguen la comisión de infracciones. Canarias ha comunicado esta mañana que también prohibe fumar en la calle.

Esta mañana, de momento, el Consejo de Gobierno del Principado sí ha acordado un refuerzo de 1,3 millones de euros en las aportaciones a los ayuntamientos “orientadas a paliar los efectos de la crisis sanitaria en los municipios”. En concreto, se añade esa cantidad a las del plan concertado de servicios sociales repartiendo entre las entidades locales 600.000 euros para la adquisición de equipos de protección individual y 690.000 para incrementar las ayudas de emergencia social.

El Principado también ha dado luz verde a la suscripción de un convenio con el Ministerio de Sanidad para que se ceda a la comunidad autónoma los datos de control sanitario obtenidos a través de la herramienta electrónica que permite evaluar si los pasajeros que llegan al país en vuelos internacionales han tenido contacto con el coronavirus para facilitar su localización y seguimiento si se descubre que han coincidido con un positivo durante el vuelo.

La consejera de Presidencia, Rita Camblor, también ha presentado esta mañana al Ejecutivo la “Estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales” para el periodo 2020-2025, con un presupuesto estimado de 59,5 millones de euros para todo el periodo. La partida más voluminosa, 35 millones, se destina a la prevención y regeneración, por delante de los 19,7 que consume la extinción y reparación.