La Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo (ASCEL) ha presentado cuatro recursos contencioso-administrativos por el nombramiento "a dedo" de otros tantos altos cargos por parte del Gobierno del Principado. El colectivo acusó al Ejecutivo de Adrián Barbón de realizar una "burda maniobra" al cesar a estas personas y volver a nombrarlas en otros departamentos. ASCEL, que ya había denunciado el primer nombramiento de estos funcionarios, ha vuelto a recurrir a los juzgados para reparar lo que considera designaciones presuntamente ilegales.

El colectivo aprovechó para denunciar la presunta "UCA-dependencia" por la presencia en el Ejecutivo de altos cargos que "prosperaron" en el sindicato agrario, lo que provoca que someta "intereses públicos, como la protección del lobo, a otros privados". Todo ello invalida la participación del Principado en el debate sobre el depredador, según los conservacionistas, que defienden que no puede haber "dinero público contra el lobo", porque las ayudas son "incompatibles con la actividad degradante de hábitats y especies protegidas".

ASCEL considera que los sindicatos agrarios "ni tiene crédito ni autoridad para cuestionar la preservación de la biodiversidad", porque son "entidades sin representación clara, con sus últimas elecciones celebradas en 2002, y una participación menor a 6.000 votantes (sobre cerca de 30.000 ganaderías), que año tras año reciben cuantiosas partidas de dinero público (más de un millón de euros en los últimos cinco años) a fondo perdido, mientras que el actual gobierno asume que ese apoyo se debe a que constituyen un 'elemento importante como órganos de consulta y asesoramiento de las administraciones públicas'".

"No podemos admitir pacíficamente esa consideración como entidades asesoras, consideración no reglada, impropia por demás cuando las mismas entidades figuran encabezadas por liderazgos turbios, como es el caso de la UCA".

Según ASCEL, esta circunstancia sólo se explica por las "numerosas relaciones que trufan el gobierno asturiano de personas que prosperaron en UCA, hasta el extremo de conseguir sojuzgar lo ambiental, la defensa o gestión de la biodiversidad en Asturias, bajo los criterios agrarios".

La asociación conservcionista resaltó que las rentas agrarias son "sostenidas por fondos PAC bajo el criterio de la condicionalidad: se cobra de la UE para mantener la biodiversidad europea". O dicho de otro modo, "no se puede cobrar la PAC para quemar el monte o matar lobos".

Reveló que uno de los representantes ganaderos que defienden la eliminación del lobo "cobró en los últimos tres años 273.616 euros de dinero público, condicionado a preservar los valores ambientales europeos, de los cuales el lobo es el mejor ejemplo en Asturias".

Por todo ello, ASCEL ha reclamado abrir "una reflexión sobre la coherencia en el destino de los fondos públicos, como la PAC". Y que esa reflexión "alcance al ámbito público".