"La burocracia nos está matando". Marco García, presidente del comité empresa de la Consejería de Infraestructuras, achaca a la Ley de Contratos del Estado y a la pandemia de coronavirus el deficiente estado de conservación de buena parte de las carreteras autonómicas. Los desbroces y la limpieza de los viales que deberían haber acometido las adjudicatarias privadas en la primavera no podrán realizarse, al menos, hasta septiembre. Los cuatro meses de parón a causa del covid-19 tienen parte de culpa, pero no toda: la obligación de solicitar tres presupuestos distintos y de elaborar informes para cualquier suministro o recambio, incluso para los de ínfimo valor, convierte en "interminable" cualquier trámite y paraliza la adjudicación de contratos a las empresas privadas y también en muchos casos el trabajo de las brigadas de Conservación de Carreteras.
La red autonómica suma 4.200 kilómetros, y su conservación se reparte entre las adjudicatarias privadas y las brigadas de la Consejería. Este año, por primera vez, Infraestructuras decidió realizar adjudicaciones plurianuales para hacerlas más atractivas a las potenciales empresas privadas, decisión que contó con el respaldo del comité de empresa. La tramitación para acometer el mantenimiento de la red comenzó el pasado mes de enero, pero "entre los problemas burocráticos de siempre y el covid todo está bloqueado", señaló García.
El resultado es que las carreteras cuya conservación se iba a adjudicar a empresas privadas permanecen en mal estado porque los contratos no se han podido formalizar todavía, y aún se demorarán, como mínimo, un mes más. De ahí que la Consejería haya tenido que ordenar a sus brigadas que realicen unas mínimas tareas de conservación en varios de esos viales. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la carretera que une Ozanes y Prestín, en el concejo de Parres, cuya conservación corresponde a una empresa privada.
Las brigadas de Conservación de Carreteras, siguiendo las instrucciones de la Consejería, se limitaron a segar los alrededores del vial parragués, que conduce hasta la entrada de Cangas de Onís, con un tractor y el resultado no gustó a los vecinos.
Fue solo una actuación de urgencia, porque el vial estaba en mal estado y la actuación "a fondo" de la adjudicataria privada no podrá llegar, al menos, hasta septiembre. "Esa carretera está dada a la privada, pero ahora nos mandaron a dar una pasada para que no se metan las hierbas a la carretera. Así que es la privada la que va a cobrar el dinero y nosotros los que vamos a quedar mal", se quejó un trabajador del servicio de Conservación de Carreteras.
"Estamos limpiando deprisa y corriendo lo más turístico, fundamentalmente los accesos a las playas y el Oriente", apuntó Marco García, quien coincide con las autoridades asturianas en que la Ley de Contratos supone un serio handicap a la hora de acometer el mantenimiento de las carreteras asturianas. La Ley pretende ser tan garantista que provoca que se llegue a tardar "hasta un año para conseguir un simple recambio", puntualizó García. "Esa ley está bien para grandes contratos, pero no para reparar un neumático o para comprar una batería; no para el menudeo", añadió. "Hasta para comprar una arandela hay que pedir tres presupuestos e informe a Intervención", ejemplificó el representante de la plantilla.
El servicio de Conservación de Carreteras cuenta en la actualidad con 28 brigadas, que suman unos 230 trabajadores. La plantilla se encarga del mantenimiento de entre el 40 y el 45 por ciento de la red autonómica, pues el resto se adjudica a empresas privadas. Conservación de Carreteras cuenta con un parque de maquinaria muy envejecido, tal y como ha desvelado LA NUEVA ESPAÑA.
Esta es una de las razones que ha llevado a la Consejería a crear la Dirección General de la Vicepresidencia del Gobierno, cargo que ha recaído en una funcionaria con gran experiencia y conocimiento de la Administración, Luisa Fernanda del Valle, cuyo objetivo en el caso concreto del servicio de Conservación de Carreteras es agilizar los trámites, facilitar las contrataciones y, en definitiva, mejorar la gestión.
Una de las medidas adoptadas por Del Valle ha sido impulsar contratos de alquiler de maquinaria (renting) para ir supliendo las deficiencias que se van hallando en el obsoleto parque público. Pero "el covid ha venido a dejarlo todo en el aire", concluyó García.
