El semáforo que el Principado ha encendido en el Oriente es "una ocurrencia" sin contenido ni medidas extraordinarias cuyo único efecto es hacer que la gente se vaya. Fernando Corral, vicepresidente de la patronal de la hostelería y el turismo en Asturias, Otea, denuesta en esos términos una "alerta naranja" que ha desatado ya, "nos consta", "una cascada de anulaciones" en la comarca "que va a hacer que tengamos una ocupación menor en la última semana de agosto. Los hosteleros y hoteleros de la zona están indignados" y se quejan de una medida adoptada "sin pensar en las consecuencias" que dará "la estocada" a la recta final del verano turístico en Asturias.

Entenderían las medidas extraordinarias ante un foco de contagio, pero no pueden comprender una medida que no lleva aparejadas restricciones adicionales a las ya impuestas y que en la práctica sólo asusta al turista. Corral detecta además una "incongruencia" si trata de casar las campañas turísticas que animan al visitante a ver en Asturias un destino vacacional seguro con este mensaje que "desde el mismo organismo" viene ahora a decir "no vengas, que estamos en 'alerta naranja'". "Para mí", resalta, "es un error de concepto que intenta salvaguardar la salud, pero que está implantado sin valorar qué consecuencias puede tener".

La patronal asturiana, por otro lado, se suma a la convocatoria de movilizaciones que ya llama a una concentración el 9 de septiembre en la plaza de Cibeles de Madrid. Siguen su curso, mientras tanto, los recursos para reclamar medidas cautelares que frenen las últimas medidas sanitarias adoptadas por las autonomías, entre ellas los nuevos horarios de cierre en los negocios hosteleros.

Entre los argumentos divulgados ayer por la patronal nacional resalta el que sostiene que las medidas "no están justificadas debidamente". "Son extremas frente a un sector que no es el principal responsable de la propagación del virus", recalcan en un comunicado que pide el diseño simultáneo de "medidas compensatorias que no aboquen a la ruina a las empresas y al paro a sus trabajadores". No entienden "esta criminalización del sector, más cuando en otros países europeos se priorizan las reuniones en espacios públicos frente a los privados".

Es la dura reacción de un sector que se ve "gravemente atacado por la Administración" y al que, dicen, "se ha exigido un esfuerzo extra que no ha encontrado equivalencia" en el Gobierno".