El sector turístico asturiano ha salvado con nota el verano más incierto que recuerda, pero a la vista de los empresarios lo peor está por venir. Las cifras de julio y las impresiones de agosto dan para una cierta celebración contenida, pero en los negocios de alojamiento se percibe que septiembre y el otoño ya no van a ser los de otros años. Los dos meses estivales más que aceptables no ocultan la más que probable realidad que se avecina y que, según fuentes del sector en Asturias, muy probablemente llevará a muchos establecimientos a dar por finalizada la temporada y a cerrar en algún caso hasta Semana Santa.

Sobre todo, si no se prorrogan los ERTE, apostillan, identificando así la que sigue siendo una de las principales inquietudes de cara al futuro. Para dar fe de ello, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, (Cehat), ha trasladado por carta a la ministra de Industria Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la creación de una comisión interministerial con los responsables de las comunidades autónomas y el propósito de poner en marcha un plan de choque que asegure la supervivencia del turismo español y prevea, entre otros aspectos, unos ERTE específicos para el sector que estén activos, como mínimo, hasta Semana Santa. Sólo así, valora la patronal, será posible "garantizar que las empresas tengan oxígeno para llegar hasta esa fecha y, con ellas, el empleo que generan".

Estos mecanismos deberían ser "ágiles", y según el planteamiento de los empresarios, permitir la entrada y salida de trabajadores en función de la coyuntura turística. La confederación apuesta además por la realización de test rápidos de covid-19 a los turistas extranjeros que llegan a España y a su salida. El cliente debería pagar los de la entrada -y que se le harían siempre que no pudiera garantizar estar libre del virus- y los hoteleros sugieren sufragar el del final de la estancia. En materia fiscal, los empresarios solicitan la exoneración de algunos impuestos que gravan su actividad tanto a nivel local como autonómico en este ejercicio, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), algunas tasas municipales o el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), "que representan un elevado coste para las empresas en un contexto de prácticamente cero ingresos".