Teresa Mallada, a la puerta de su grupo en el Junta General, y rodeada de los diputados de su partido, aseguraba ayer que el sobreseimiento de su caso era algo que se esperaba, pero era evidente el alivio por verse libre de un lío judicial que lleva agobiándola desde hace dos años. "Nunca tuve duda de que esto se iba a aclarar, siempre he defendido la legalidad de mis actuaciones", aseguró la diputada. No solo eso, Mallada defendió la decisión de haber cedido los terrenos al Montepío para hacer la residencia en Felechosa. "A día de hoy es la empresa que más empleo da en Aller, hasta un centenar de personas trabaja en la residencia", indicó. Y añadió que la corporación tomó la decisión después de que les informasen de que era posible y legal.

"Esto echa por tierra las intenciones de algunos partidos y algunas asociaciones anticorrupción absolutamente cuestionados", indicó, en clara referencia a Podemos y al Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (OCAN), vinculado al anterior partido, que durante dos años han animado la investigación del caso. "Se han empeñado en poner en duda y mi honor y mi profesionalidad", se dolió la diputada. Sin razón alguna. Porque, como recalcó, el juez "dice en repetidas ocasiones en el auto que no se pueden relacionar estos hechos con lo que se está juzgando en el caso Hulla", que, como se sabe, es el expolio del Montepío que llevaron a cabo, presuntamente, José Ángel Fernández Villa y su mano derecha, José Antonio Postigo, a la sazón presidente de la fundación.

Ya en el plano personal, Teresa Mallada indicó que "no ha sido plato de buen gusto este proceso, aunque como persona que se dedica a la política estas cuestiones hay que asumirlas". Y es que "ha habido informaciones muy desagradables para mí y mi familia". "Está demostrado que me he dedicado a lo que me han requerido las personas que me han votado, a defender los intereses de los asturianos", añadió la diputada.

La pesadilla de Mallada se inició en marzo del año pasado, cuando la titular del Juzgado número 3 de Oviedo, Begoña Fernández, instructora del "caso Hulla", decidió abrir diligencias a la corporación de Aller entre los años 2008 y 2010, a raíz de las investigaciones de Anticorrupción, que ponía en duda la legalidad de la cesión de los terrenos al Montepío para hacer la residencia y abrigaba un cambalache entre los miembros de la corporación y el entonces todopoderoso Villa. Entre los investigados estaba la propia Mallada, que de presidenta de Hunosa había pasado a encabezar la candidatura del PP a la Presidencia del Principado. Esta imputación no podía llegar en peor momento para el PP, en plena polémica por el nombramiento de Mallada en detrimento de la presidenta Mercedes Fernández.

Tras meses de tira y afloja, en los que la portavoz del PP en la Junta intentó evitar ser investigada, finalmente, en febrero de este año, la magistrada pidió la imputación de Mallada. Como aforada, la instrucción del caso debía recaer en la sala de lo civil y penal del TSJA. Ignacio Vidau se hizo cargo y le tomó declaración el pasado 29 de junio. Dos meses después llega el sobreseimiento.